En la primera sesión de la Legislatura de Neuquén se aprobó el proyecto presentado por el diputado Andrés Blanco del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (PTS-FIT-U), una iniciativa de declaración con el fin de repudiar la represión sufrida por jubilados, pensionados y miembros de organizaciones solidarias durante una manifestación frente al Congreso Nacional. El proyecto fue aprobado por mayoría.
La represión a las y los jubilados que hace mención el proyecto, tuvo lugar el miércoles 19 de febrero, y que se volvió a repetir en el día de ayer, y que involucró un desproporcionado despliegue de fuerzas policiales y de gendarmería que superaban ampliamente en número a los manifestantes.
“Desde la asunción del presidente Javier Milei, los jubilados han sido víctimas de un ajuste significativo en sus ingresos, un panorama que se agrava con el fin de la moratoria previsional, una herramienta que permitía a quienes no habían cumplido con los 30 años de aportes acceder igualmente a una jubilación”, aseguró Blanco. La protesta fue motivada por el rechazo a los recortes en los haberes jubilatorios y la decisión del gobierno de no renovar la moratoria previsional, cuya vigencia expira este mes de marzo.
El proyecto de declaración presentado el pasado 24 de febrero y cuenta con la firma de los legisladores Andrés Blanco y Gabriela Suppicich, ambos diputados del FIT-U. Mediante este proyecto, se busca condenar el accionar represivo y alertar sobre las políticas de ajuste que afectan principalmente a los sectores más vulnerables de la población.
Desde el PTS y el Frente de Izquierda, se ha manifestado una postura de repudio hacia la brutalidad policial ejercida contra los jubilados, así como una firme crítica a las medidas económicas y legislativas que atentan contra los derechos de los trabajadores y los sectores populares.
En este sentido, Andrés Blanco ha señalado que estas políticas representan un retroceso histórico y ha llamado a la organización y movilización como herramientas fundamentales para enfrentar este modelo que beneficia exclusivamente a los grandes poderes económicos.
La represión a jubilados y el contexto de ajuste que atraviesa el país exponen la necesidad de una respuesta colectiva y contundente por parte de las organizaciones sociales y políticas que luchan por la defensa de los derechos conquistados.