Micaela Alejandra Garrido, cabo de la Policía Federal Argentina (PFA), enfrenta graves acusaciones que la señalan como una «viuda negra». La historia comenzó en un bar, donde Garrido habría entablado conversación con un hombre al que luego invitó a pasar la noche juntos.
Según la denuncia, tras llegar al domicilio de la víctima, este perdió el conocimiento y, al despertar, descubrió que su casa había sido saqueada. Entre los bienes sustraídos se encontraban varios objetos de valor y su automóvil.
El caso está en manos del fiscal Cosme Iribarren, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, quien también tuvo un rol destacado en el juicio por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Iribarren imputó a Garrido por un robo ocurrido en Villa La Ñata, partido de Tigre, y encargó la investigación a la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de Tigre.
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La agente policial terminó detenida y enfrenta una grave acusación
Tras cuatro días de búsqueda, el vehículo robado fue encontrado abandonado. Las pistas recolectadas llevaron a los investigadores hasta Garrido, una mujer de 29 años con domicilio registrado en Ciudad Oculta. Durante las pesquisas, se descubrió que trabajaba como policía en la comisaría ubicada en la terminal de micros de Retiro. Ante esta información y las pruebas reunidas, el fiscal solicitó su detención inmediata, indicó el medio 0223.
Actualmente, Garrido se encuentra alojada en la Unidad N°59 del penal de Merlo, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense. Mientras tanto, desde la Policía Federal se decidió apartarla de sus funciones y colocarla en situación pasiva. Según registros oficiales vinculados a sus aportes laborales, continuó percibiendo ingresos hasta hace pocas semanas.
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Garrido es oficial de la Policía Federal Argentina
Foto: Policía Ciudad de Buenos Aires
El caso no solo ha generado impacto por la naturaleza del delito denunciado, sino también por el perfil profesional de la acusada. Como integrante activa de una fuerza policial nacional, Garrido debía cumplir un rol destinado a proteger a los ciudadanos y garantizar su seguridad. Sin embargo, las pruebas presentadas sugieren que utilizó su posición para cometer actos ilícitos.