El Gobierno está decidido a mantener en pie los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del constitucionalista Manuel García-Mansilla para ocupar las vacantes que existen en la Corte Suprema de Justicia, tras las salidas de Elena Highton de Nolasco y de Juan Carlos Maqueda, mientras que el kirchnerismo busca juntar los votos para voltear ambas nominaciones y arrancar el trámite legislativo desde cero.
Por ahora, la Casa Rosada se la juega a que la pelea por los jueces de la Corte se dirima en el recinto del Senado, en la sesión convocada por Victoria Villarruel para el próximo 3 de abril. En principio se pensó en destinar estos días para profundizar las negociaciones subterráneas que desde las mismas filas del oficialismo dicen que el entorno de Javier Milei mantiene con referentes de Unión por la Patria para destrabar la situación y conseguir los dos tercios del Senado.
El miércoles, cuando se formalizó el llamado a sesión para abril, Villarruel mantuvo una conversación telefónica con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pero no trascendieron detalles. Se especula que se habló sobre la estrategia que el Gobierno llevará adelante para ratificar las designaciones de Lijo y García-Mansilla, quienes ya fueron designados en comisión en el máximo tribunal mediante un decreto del Presidente. Esta decisión terminó por dinamitar los delicados puentes que la Presidencia tenía con el peronismo.
El impacto de la interna del PJ en la pelea por los pliegos de la Corte
A todo esto, el bloque de Unión por la Patria está en medio de una pelea interna por cómo se posicionará en la próxima sesión. Es que al principio exigía que una de las vacantes sea una mujer, incluso llegaron a mencionar a la ex senadora María de los Ángeles Sacnun, cercana a Cristina Kirchner. Después pasó a exigir lugares en los juzgados y fiscalías federales que están pendientes de cubrir y finalmente sumaron al combo la designación del procurador y del Defensor del Pueblo.
La orden de la ex presidenta es voltear los dos pliegos por haber sido designados por decreto. Pero en el medio hay gobernadores, como informó Clarín, que buscan presionar para mantener en pie el nombramiento de Ariel Lijo. Ricardo Quintela, Gerardo Zamora, Raúl Jalil y hasta Gildo Insfrán quieren que el juez federal llegue a la Corte, según rumores que circularon en el Congreso.
Esto quedó un poco reflejado en el pedido de varios de los senadores que buscaban diferenciar al magistrado de la posición de García-Mansilla, que sí juró como ministro del máximo tribunal tras el decreto de Milei. Aunque vale aclarar que Lijo no lo hizo porque Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el académico votaron en contra de otorgarle una licencia extraordinaria y el juez decidió quedarse en su despacho de Comodoro Py.
Para empeorar el panorama del peronismo, esta semana se terminó de concretar la ruptura del bloque. Los senadores Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Fernando Rejal (La Rioja) armaron “Convicción Federal”. Los síntomas que derivaron en el quiebre fueron los mismos que en 2023 llevaron a Carlos «Camau» Espínola, Guillermo Snopek, María Eugenia Catalfamo y Edgardo Kueider, a dejar el espacio para formar Unidad Federal y tienen que ver con el manejo que el cristinismo hace de la bancada.
Con esta fractura, Cristina pierde el control de cuatro senadores en el tablero de votación de los pliegos. En principio, Convicción Federal jugará en sintonía con UxP, pero en la nueva bancada se dan las mismas diferencias que hay entre los 30 que quedaron dentro de la órbita K y hay dudas en mantener la posición de rechazo. José Mayans, jefe de la bancada, confirmó que los senadores están recibiendo «presiones» para que aprueben a los candidatos del Gobierno.
Más allá de que el peronismo es la llave para que el oficialismo obtenga los dos tercios que se requiere para aprobar los pliegos, entre los espacios dialoguistas tampoco está claro el panorama y vendrán bien estos días para ajustar posiciones. El radicalismo insiste con pedirle al Ejecutivo que retire los pliegos y, si bien no lo dicen, deslizan que lo mejor es que envíen dos nuevos candidatos que tengan consenso en el Senado para conseguir los votos.
El PRO está más cerca de García-Mansilla, pero rechaza a Lijo, y en el resto de los partidos provinciales ya comienzan a tallar los gobernadores. Pero en líneas generales coinciden en pronosticar que si el Gobierno no retira los mensajes mediante los cuales pidió acuerdo del Senado sufrirá una dura derrota en el recinto.
Lo concreto es que a un año exacto de que la Oficina del Presidente anunciara que el Gobierno iba a enviar los pliegos de Lijo y del constitucionalista García-Mansilla para ocupar las vacantes en la Corte, el debate sigue abierto. Pero desde aquel 20 de marzo de 2024 no generó un puente con la oposición para negociar ambas designaciones. El 27 de mayo se presentaron los pliegos en el Senado, hubo audiencias públicas y un intento fallido por convocar a una sesión para que le aprueben los pliegos en extraordinarias.
Ahora, la Casa Rosada tiene la opción de pedir que se retiren los mensajes solicitando el acuerdo del Senado, para lo cual también deberá contar la mayoría simple del cuerpo. Pero si mantiene los pliegos tendrá que conseguir los dos tercios. Y un dato más, aportado por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez: la Cámara Alta puede rechazar la designación por decreto de García-Mansilla «en cualquier momento y con una mayoría simple».
Pero si el oficialismo fracasa en la votación, por más que hayan sido nombrados por decreto en comisión, el mensaje original de la designación es rechazado y se ingresa en un conflicto de poderes.
Al tomarle juramento a García-Mansilla, la Corte envió una fuerte señal a la política avalando el decreto de Milei. Fuentes judiciales aseguraron a este diario que en el máximo tribunal siguieron el proceso de nominación de los jueces desde el momento en que la Casa Rosada lo anticipó en las redes sociales y analizaron las características legales de la opción del decreto en comisión. Sobre este punto hubo coincidencia en que es constitucional, pero la cuestión es cómo se resolverá la disputa entre el Congreso y el Ejecutivo.