Días atrás, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, actualizó las estadísticas sobre las causas por delitos de lesa humanidad en la Argentina.
Según señaló en el informe, desde el año 2006, cuando se reiniciaron los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la época del terrorismo de Estado, se obtuvieron 332 sentencias, con 1197 genocidas condenados.
En la actualidad se llevan adelante apenas 14 juicios en 5 provincias, entre los que se destacan causas como “Acindar- Villazo”, en Rosario; la Masacre del Pabellón Siete en Capital Federal; Zona V, en Bahía Blanca; Comisaría Octava y Comisaría Quinta en La Plata; La Huerta y Subzona III en Mar del Plata y “D2” en Mendoza.
Te puede interesar: Represión estatal y resistencia obrera: los archivos de la dictadura
Te puede interesar: Represión estatal y resistencia obrera: los archivos de la dictadura
En cuanto a las causas elevadas a juicio para tratarse el número asciende a 63 y 258 permanecen en la fase de instrucción. En ese contexto, suman 502 las personas imputadas por crímenes de lesa humanidad. En la fase de instrucción hay 401 genocidas procesados, fueron sobreseídas 118 y otras 158 cuentan con falta de mérito.
En relación con la situación de las personas imputadas, 615 se encuentran detenidas, 1.489 están libres y 33 están prófugas. De las 615 personas privadas de su libertad, 498 gozan del arresto domiciliario, 61 están detenidas en unidades penitenciarias y otras 56 se encuentran alojadas en la Unidad Penitenciaria N°34 del Servicio Penitenciario Federal, situada en el interior de la guarnición militar de Campo de Mayo.
Un número irrisorio si tomamos como parámetro la existencia de al menos 800 centros clandestinos de detención y exterminio (CCDyE) en el país reconocidos por el Estado: apenas un poco más de 1 represor por CCDyE fue condenado. Por eso la exigencia de la apertura de todos los archivos de la dictadura, los de las fuerzas represivas como de sus cómplices civiles es una exigencia permanente.
Te puede interesar: Vení con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, contra la represión y la impunidad de ayer y de hoy
Te puede interesar: Vení con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, contra la represión y la impunidad de ayer y de hoy
Un dato que destaca el informe es que, desde 2016, la cantidad de genocidas en libertad acusados por delitos de lesa humanidad “empieza a superar —y se aleja año a año— a la de las personas sujetas a una medida de coerción”.
El proceso de “impunidad biológica” para la gran mayoría de los genocidas y sus cómplices empresarios, de la burocracia sindical y de la Iglesia católica fue garantizado por los tres poderes del Estado desde 1983 hasta nuestros días. Todos los gobiernos que han pasado por la Casa Rosada han convalidado la impunidad de la que gozan los represores, siendo sostenedores del poder económico que gestó el genocidio y que mantiene continuidad hasta nuestros días con millones de personas en la pobreza, endeudamiento externo y violencia estatal.
Una «construcción de impunidad”, que a través de los distintos gobiernos, perpetuó “la práctica genocida” que implica la desaparición forzada de personas, la represión a las luchas populares y el gatillo fácil a manos del aparato represivo del Estado, suman más de cinco mil casos desde el regreso de gobiernos constitucionales en el año 1983.
Frente a las banderas del negacionismo del gobierno de Milei y Villarruel y afirman que la cifra de los 30.000 es un invento, la tarea que llevaron y aún llevan a cabo sobrevivientes y familiares sobre recolección de datos y lugares de tortura es una manifestación clara de la verdad: fue genocidio.
Por eso este 24 colmemos las calles contra la impunidad de ayer y de hoy.