El gobierno masista de Luis Arce decidió cerrar la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar), una institución creada en 2011. La institución debía liderar las demandas de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La medida fue anunciada en la conmemoración de la Defensa de Calama, donde el mandatario aseguró que esta decisión marca el inicio de una nueva etapa en la relación con Chile. La clausura de Diremar ha generado reacciones en la opinión pública, algunos consideran que era una entidad ineficiente, otros advierten sobre la necesidad de mantener una estrategia marítima.
El presidente Arce justificó el cierre de Diremar señalando que su ciclo había concluido. Además señaló que es necesario revisar los procesos judiciales llevados adelante en La Haya. En su discurso, enfatizó que la aspiración boliviana de recuperar una salida soberana al mar sigue siendo irrenunciable.
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Sin embargo, aclaró que su gobierno masista priorizará el diálogo y la diplomacia con Chile en lugar de continuar con litigios internacionales. En este sentido, indicó que se realizará una evaluación de los resultados obtenidos en la CIJ para replantear la estrategia del país.
Desde su creación, la institución masista manejó las demandas ante la CIJ, el caso de la salida soberana al mar y la disputa por las aguas del Silala. En 2018, la Corte determinó que Chile no tenía obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico. Posteriormente, en 2022, la CIJ dictaminó que las aguas del Silala son de curso internacional, lo que significó otro revés para el país.
¿El masismo también despilfarró los recursos de esta institución?
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Los costos operativos de Diremar también han sido cuestionados por analistas y políticos. En 14 años de funcionamiento, la institución recibió al menos 346,7 millones de bolivianos del Presupuesto General del Estado. La falta de resultados positivos en los litigios internacionales ha llevado a sectores opositores a exigir una auditoría sobre el uso de estos fondos.
El economista Gonzalo Chávez calificó la gestión de Diremar como un fracaso, la institución gastó fortunas sin obtener beneficios concretos para el país. Según él, la estrategia adoptada por Diremar alejó aún más la posibilidad de recuperar una salida soberana al mar. Además, criticó la falta de una visión clara en la política exterior boliviana y sugirió replantear su enfoque en las relaciones con Chile.
El economista Julio Alvarado también cuestionó la existencia de Diremar y sostuvo que su creación fue innecesaria. Según él, la Cancillería ya contaba con una dirección encargada de las relaciones con Chile. Además, insistió en que se debe investigar quiénes fueron los responsables de las decisiones estratégicas que llevaron a la derrota de Bolivia en La Haya.
El exdictador Evo Morales, impulsor de la demanda marítima ante la CIJ, criticó el cierre de Diremar y acusó al gobierno de Arce de abandonar la causa marítima. Aseguró que la CIJ reconoció que Bolivia nació con mar y que el diálogo con Chile debe continuar. También señaló que la política internacional no ha sido una prioridad en la actual gestión.
Desde el oficialismo, algunas voces defendieron la disolución de Diremar como una medida necesaria para optimizar recursos ante la crisis. El gobierno sostiene que el cierre de la institución no significa abandonar la reivindicación marítima, sino más bien adaptarse a una nueva realidad geopolítica. Según el ministro de Relaciones Exteriores, la política exterior de Bolivia debe basarse en el diálogo y la cooperación con sus vecinos.
El analista político Marcelo Arequipa consideró que la desaparición de Diremar no debería implicar el abandono de la investigación sobre las relaciones con Chile. Para él, el país necesita una instancia que estudie de manera profunda la historia y las negociaciones bilaterales. Además, recordó que el fallo de la CIJ no cerró completamente la posibilidad de un acuerdo con Chile.
El cierre de Diremar marca el fin de una entidad que, lejos de alcanzar resultados concretos, terminó convertida en un símbolo de ineficiencia y despilfarro. Durante más de una década, esta institución consumió cientos de millones de bolivianos sin lograr avances en la causa marítima. Su existencia solo sirvió para sostener una burocracia costosa y poco efectiva, reflejando la mala administración de los gobiernos masistas.
