Una joven voluntaria de 21 años resultó herida de gravedad y está en coma, internada en el Hospital Militar Central de Belgrano, tras participar de un entrenamiento antidisturbios realizado por miembros de la Armada.
El entrenamiento tuvo lugar en una base de jurisdicción naval ubicada en Vicente López, en la zona norte del conurbano bonaerense.
El hecho ocurrió el viernes 4 de abril, cuando uno de los instructores golpeó con sus piernas el escudo que usaba la voluntaria Brisa Páez, provocando que la joven cayera de espaldas y, a pesar de usar casco, el impacto de su cabeza contra el piso resultó de gravedad.
Investigación judicial en curso
En ese marco, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado abrió una investigación y ordenó varios allanamientos en los domicilios de los integrantes de la fuerza y la base naval, donde secuestraron videos del entrenamiento, documentos y celulares de los implicados para intentar reconstruir los hechos.
También se dispuso la detención de varios militares superiores involucrados en el entrenamiento, incluyendo al instructor y al suboficial a cargo del ejercicio, a fin de determinar las responsabilidades.
Paralelamente, la Armada inició una investigación interna en base al reglamento de procedimientos navales, con eventuales sanciones que podrían llegar a que los involucrados sean dados de baja o pasados a retiro obligatorio, en especial aquellos con mayor rango.
Pedirán la interpelación en el Senado de Luis Petri
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Ministro Luis Petri.
Por otro lado, senadores de Unión por la Patria (UxP) presentarán un pedido de interpelación al ministro de Defensa, Luis Petri, para que explique por qué la Armada realiza entrenamientos antidisturbios, actividad prohibida por la Ley de Seguridad Interior y de Inteligencia.
En declaraciones a NA, el senador Oscar Parrilli dijo que “queremos que el ministro Petri se presente en el Senado para saber por qué la Armada Argentina hace ensayos de represión callejera contra la población civil, algo completamente ilegal«.
“Ese tipo de prácticas están prohibidas en la Argentina y son causal de juicio político contra el o los funcionarios que lo promuevan u organicen», completó el legislador peronista.
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