La Cámara Nacional Electoral fijó el 17 de agosto como fecha clave para presentar candidatos a legisladores nacionales para participar de las elecciones generales del 26 de octubre, lo que presiona a la dos veces presidenta Cristina Kirchner, quien espera el fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad que la involucra.
La potencial confirmación de la condena por corrupción ingresó al Máximo Tribunal que solicitó la opinión del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para determinar si corresponde revisar o aumentar la pena de seis años de prisión contra la ex vicepresidenta.
La acción busca dar lugar al análisis de la queja que presentó el fiscal Mario Villar ante la Cámara Federal de Casación, en la que planteó que se incremente la condena contra Cristina Kirchner a doce años tras sumar seis años otorgados por asociación ilícita al de administración fraudulenta.
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La Cámara Federal de Casación rechazó la presentación del fiscal y condenó a la titular del Partido Justicialista peronista solo a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Ante el fallo, Villar presentó un recurso extraordinario para alcanzar la instancia de la Corte. En el recurso, definió de «arbitraria» la decisión de Casación y sostuvo que la sentencia absolutoria por asociación ilícita de la expresidenta y del condenado empresario Lázaro Báez fue una «decisión inválida».
Una vez que ingrese el dictamen, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti debatirán si dan lugar a la apertura de los recursos de queja directa. De confirmarse la condena Cristina quedaría imposibilitada de ser candidata para ocupar cargos públicos.
Por su parte, la defensa de la exmandataria presentó su propia queja para revertir la doble condena en su contra, sancionada por el Tribunal Oral 2 y ratificada por la sala IV de la Cámara de Casación. A través de su abogado Carlos Alberto Beraldi, Cristina Kirchner presentó el último recurso para evitar que la sentencia quede firme.
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Si el Máximo Tribunal decide declinar el recurso, la condena quedará firme, y la expresidente, de 72 años de edad, podrá solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria aunque la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos se activaría, afectando de manera directa el calendario electoral.
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