Este jueves 15 de mayo, el procurador ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Casal, presentó un dictamen en el que pidió elevar a 12 años la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La solicitud se basa en el pedido del fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, quien impulsa que también sea condenada por el delito de asociación ilícita.
Cabe recordar que en abril, la Corte Suprema había solicitado la intervención de Casal para que dictamine si correspondía revisar la sentencia de seis años de prisión, actualmente firme, o elevarla a doce. El pronunciamiento del procurador no es vinculante, por lo que la decisión definitiva quedará en manos de los jueces del máximo tribunal.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal N.° 2 y confirmada por la Cámara Federal de Casación.
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La solicitud se basa en el pedido del fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, quien impulsa que también sea condenada por el delito de asociación ilícita
EFE
En paralelo, la defensa de la exmandataria, a cargo de Carlos Beraldi, presentó un recurso ante la Corte Suprema en el que solicitó su absolución, cuestionando la condena por supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez.
La causa investiga el direccionamiento del 80% de la obra pública nacional en esa provincia durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La Cámara de Casación había rechazado previamente el recurso presentado por la defensa, al considerar que no se refutaron debidamente los fundamentos de la sentencia ni se logró demostrar una conexión directa con normas federales.
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QUÉ ES LA CAUSA VIALIDAD
Investiga el presunto direccionamiento de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2015. El caso se centra en la adjudicación del 80% de los contratos viales nacionales a empresas del empresario Lázaro Báez, cercano al entorno kirchnerista. La justicia sostiene que hubo una estructura de corrupción para beneficiar de forma irregular a Báez, con supuestas maniobras de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
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A fines de marzo de 2025 y en el maroc de la causa Vialidad, el juez federal Julián Ercolini procesó a 15 imputados en el caso. La decisión judicial surge de otro tramo de la causa donde se condenó a la expresidenta Cristina Kirchner. Se analizó particularmente el entramado de corrupción provincial a través de irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras públicas.
Los procesados son: Guillermo Fabián Torres, Orlando Marino Taboada Ovejero, Víctor Hugo Paniagua, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato, Juan Gelves, Carlos Alberto Mancilla, Roberto Antonio Lillo, María Lorena Lencina Albornoz y Guillermo Horacio Cantero.
También Elio Enrique González, Gerardo Daniel Mansilla, Claudia Viviana Oliva, Jorge Ricardo Pasiecznik y Alba Lilia Josefa Cabrera, todos exrepresentantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) en la provincia.
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La justicia sostiene que hubo una estructura de corrupción para beneficiar de forma irregular a Báez
La Nación
En el fallo de casi 300 páginas, el juez entendió que los procesados “habrían omitido su deber de cuidar y administrar fielmente los fondos públicos que le fueran otorgados a la AGVP por la Dirección Nacional de Vialidad, lo que habría perjudicado los intereses que les fueron confiados, al permitir que el conglomerado empresarial de Lázaro Antonio Báez obtuviera un lucro indebido y así generarle al Estado Nacional la obligación de pagar sumas de dinero por encima de los montos que en realidad hubieran correspondido para las obras viales que se llevaron a cabo en la provincia de Santa Cruz”.
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Con información de TN y Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR