Un fiscal penal de la provincia de Buenos Aires pidió el desafuero de un diputado bonaerense porque quiere indagarlo en una causa por violencia de género. Lo imputó por el delito de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género”. De acuerdo con las pruebas reunidas por la investigación, el legislador habría golpeado y lastimado el rostro de su ex pareja en medio de una discusión que tuvieron en una camioneta 4×4.
Según el pedido judicial al que accedió Clarín, se trata del diputado Ricardo Lissalde (UxP), exfuncionario de Trenes Argentinos Infraestructura y expresidente de Aubasa, ligado al Frente Renovador. La denuncia la presentó su ex pareja -cuyos datos se preservan, pero lleva las iniciales V.F.- y la agresión se habría registrado el 8 de febrero en la calle Los Nogales al 5.900 de Saladillo, donde residen ambos.
La instrucción estuvo a cargo de Roberto Javier Berlingieri, al frente de la UFI 1 de Cañuelas (una dependencia descentralizada del departamento Judicial de La Plata). Y pidió que la cámara de Diputados bonaerense le quite los fueros para poder avanzar con la investigación.
Tal como lo prevé el artículo 299 del Código de Procedimiento, la jueza de Garantías que recibió este requerimiento debe enviar las actuaciones a la Cámara para que se evalúe el desafuero. La jueza de Saladillo, Patricia Altamiranda, es quien debe hacer un control de legalidad de lo pedido por el fiscal: o sea, establecer si el requerimiento está formalmente bien, si los hechos que describe son un delito y si no están prescriptos.
Clarín se contactó con el diputado Lissalde, quien explicó que va a “ejercer su derecho de defensa en el debido proceso». Y agregó: «Por supuesto no me voy a amparar en ningún fuero, porque soy inocente, no los necesito. De ser necesario, voy a renunciar a mis fueros para estar, tal como lo estoy, a total derecho”. Además, rechazó las imputaciones y dijo que se trata de un “intento de extorsión” por parte de una ex pareja.
También dijo que no estaba al tanto de esta instancia del proceso judicial. En Tribunales explicaron que los pedidos de desafuero “no se notifican a las partes”. O al menos no resulta una obligación de quien lo requiere.
El fiscal Berlingieri asegura tener “semiplena prueba” de la imputación. En el expediente reunió el testimonio de la víctima, informes médicos de quienes la atendieron después de la agresión, registros fotográficos de las secuelas en un ojo y otros elementos de prueba. Además, está el testimonio de la hija de la mujer, quien asegura que existían antecedentes de situaciones violentas en la relación entre su madre y el diputado.
Sostiene como indicio declaraciones de V.F. en las que “refirió haber sufrido situaciones de violencia física y verbal por el sujeto activo en varias oportunidades a lo largo de los años -estando en pareja y separados-pero solo lo denunció en una oportunidad temiendo el impacto que ello pudiese ocasionar le a la hija de ambos”.
El fiscal también solicitó que se envíe toda la actuación judicial al Consejo de la Magistratura, porque Lissalde es vocal en ese cuerpo que se encarga de la selección y examinación de los postulantes a jueces y fiscales de la Provincia.
Berlingieri deja aclarado que si bien la denuncia por “lesiones leves” constituye un delito de acción privada; o sea que la víctima debe instar la “acción penal”, en este caso existe “interés público” para avanzar con el proceso. Y argumenta la postura en los tratados y las políticas de Estado suscriptas por el país, que buscan erradicar la violencia contra las mujeres.
El fuero platense tiene antecedentes de causas de presunta violencia de género que terminaron con los acusados presos. Berlingieri pide el desafuero porque pretende convocarlo a una indagatoria y eventualmente solicitar “medidas de coerción” de las que están eximidos los legisladores por su inmunidad que otorga la representación legislativa.
Lissalde estuvo en Trenes Argentinos durante la primera etapa de la gestión de Alberto Fernández. Luego pasó a presidir la empresa estatal que administra la autopista La Plata-Buenos Aires y la Autovía 2. En Aubasa fue cuestionado por empleadas a las que dejó cesantes luego de denunciar presuntos maltratos o abusos en el ámbito laboral. Aun cuando la empresa tenía un área para plantear situaciones de irregularidades por cuestiones de género.