La batalla judicial por la expropiación de YPF sigue generando repercusiones más allá del ámbito financiero. Uno de los fondos que encabeza la demanda presentó un duro escrito contra el gobierno de Estados Unidos por intervenir a favor del país sudamericano.
Cabe recordar que Argentina tiene plazo hasta este martes 22 de julio para presentar argumentos contra la orden de entrega de acciones de la petrolera, dispuesta por la jueza Preska como parte del cumplimiento del fallo por US$16.000 millones.
La defensa argentina espera que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York mantenga suspendida la ejecución del fallo mientras analiza el pedido de apelación.
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“En el día de hoy, únicamente se presentaron los formularios C y D, requeridos para dar curso a la apelación de la orden de entrega de acciones de YPF ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito”, expresaron desde la Procuración del Tesoro.
LA PRESENTACIÓN JUDICIAL DEL FONDO
Burford, el fondo que lidera la demanda contra el Estado argentino por la nacionalización de YPF presentó una dura crítica ante la Justicia de EE.UU. contra la administración del expresidente Donald Trump, por haber manifestado su apoyo a la posición argentina.
“Lamentablemente, la urgencia y la falta de familiaridad del gobierno en este caso quedan en evidencia en su escrito”, explicaron en el documento judicial.
En la presentación realizada, cuestionan que el gobierno estadounidense haya intervenido como amicus curiae, una figura legal que permite a terceros aportar argumentos en un caso, en el contexto de un pedido de suspensión del fallo emitido por la jueza Loretta Preska.
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Argentina tiene plazo hasta este martes 22 de julio para presentar argumentos contra la orden de entrega de acciones de la petrolera, dispuesta por la jueza Preska
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“Una presentación como amicus curiae por parte del gobierno de los EE.UU. en el contexto de una solicitud administrativa como lo es la suspensión del fallo de la jueza Loretta Preska es altamente inusual; de hecho, esa es precisamente la razón por la cual el gobierno debe presentar un pedido previo y obtener consentimiento […] como un derecho establecido», planteó el fondo.
También recordaron que en etapas previas del proceso el propio gobierno norteamericano había respaldado la postura de que Argentina no podía alegar inmunidad soberana frente a los reclamos. Según el fondo, el cambio de postura genera señales peligrosas:
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“Los efectos negativos de la nueva postura del gobierno ya comienzan a manifestarse, ya que tanto la prensa argentina como funcionarios públicos han interpretado el escrito del gobierno norteamericano como una señal de que Argentina nunca tendrá que pagar la sentencia”.
Según el fondo, el apoyo debilita la ejecución de la sentencia por la expropiación de la compañía petrolera
Ilustrativa-Archivo
“Cuesta entender cómo se benefician los objetivos de política exterior de la Casa Blanca al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores y desoír fallos de tribunales federales”, agregaron.
Además, el fondo demandante aseguró que el gobierno estadounidense no respondió a los pedidos de reunión para discutir el caso antes de su intervención judicial. “Se pidió mantener una reunión en la que podrían haberle explicado los errores de interpretación del caso, errores que, en parte, derivan de su ausencia durante la mayor parte de las extensas y detalladas actuaciones ante el tribunal de primera instancia”, añadieron.
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EL ORIGEN DEL CONFLICTO
La jueza Preska falló contra la Argentina en septiembre de 2023, al considerar que el país violó el estatuto de YPF al nacionalizar la participación de Repsol sin extender esa operación al resto de los accionistas. El reclamo fue impulsado por Burford y Eton Park, que compraron por €15 millones los derechos legales del grupo Petersen, entonces titular del 25% de la compañía.
A pesar de que a Repsol se le pagó con bonos, el resto de los accionistas no recibió compensación. Ese fue el núcleo del reclamo que ahora enfrenta a la Argentina con un fallo que podría costarle más de US$16.000 millones.
Desde que comenzó el litigio, los demandantes intensificaron su presión ante la falta de pagos o propuestas de acuerdo por parte del país.
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Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR