Tras la denuncia del fiscal de Estado, Andrés Meiszner, el Consejo de la Magistratura decidió abrir un sumario contra el camarista de Esquel Claudio Petris, sospechado de delitos tales como enriquecimiento ilícito, desmanejos patrimoniales, fraude y hasta delitos sexuales. Seguirá en su cargo mientras dure el trámite.
Petris es expresidente de la Asociación de Magistrados de Chubut. Renunció cuando su caso se hizo público, “lo cual es un indicio de la magnitud del conflicto institucional generado”, expresa el documento. Su sumario se decidió en una sesión extraordinaria virtual del Consejo.
La Comisión de Admisibilidad la integraron Lucía Pettinari, Giovana Taurelli, Paula Cardozo y Estefanía Alejo. La decisión fue unánime y la sumariante será la consejera Mabel del Mármol, de Puerto Madryn.
La presentación de Meiszner se produjo tras una pesquisa de Fiscalía de Comodoro Rivadavia, que a la vez tomó material de una publicación de un medio que puso la lupa sobre el magistrado.
El informe de la Comisión concluye que el artículo de prensa reflejó “presuntas irregularidades incluyendo ocultamiento de bienes, inscripción de propiedades a nombre de familiares, uso de documentación ajena para registrar automóviles de alta gama, y vínculos con causas judiciales que podrían haber generado conflictos de intereses o contraprestaciones indebidas”. Y habla de “la gravedad institucional de tener un juez denunciado por distintos hechos que configurarían delitos contra bienes jurídicos diversos”.
Además del presunto uso de testaferros como familiares y personas vulnerables para ocultar bienes, se agrega la propiedad de “al menos ocho inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, terrenos en Esquel, vehículos de lujo y embarcaciones no declaradas”.
A Petris, de 64 años, también le imputan usar la identidad de una persona que no tendría capacidad económica para registrar un Mini Cooper a su nombre.
LA DIGNIDAD DEL CARGO
La denuncia original subrayó que “los hechos podrían configurar delitos graves como fraude, delitos de índole sexual, prevaricato calificado, enriquecimiento ilícito y evasión impositiva”.
El fiscal Meiszner agregó a su presentación original una entrevista a una presunta víctima de los delitos sexuales que se adjudican al camarista.
“A la luz de las denuncias tanto de índole sexual, como de delitos contra la administración pública, entre otros –acota el informe- y en relación a todo lo que conlleva la sospecha de haber incurrido en estos ilícitos en los que se vería involucrado, cuestionado, sospechado el magistrado Petris, nos hace concluir que estaría dañada la idoneidad en todas sus acepciones (técnica, profesional, moral) y es obligación de este cuerpo, mínimamente investigar y dilucidar si este magistrado puede seguir ostentando el cargo”.
Según las consejeras, “que un juez de la Provincia sea investigado penalmente afecta la base misma de la autoridad judicial y la confianza y credibilidad que deben inspirar los magistrados y el mismo Poder Judicial hacia la sociedad y a los otros órganos de gobierno”.
“Petris deberá responder por su calidad de magistrado y no como un individuo común sometido a un proceso penal, a fin de decidir si sigue siendo merecedor de la confianza depositada por la sociedad o si, por el contrario, la ha defraudado y por eso no es digno de continuar ocupando su cargo”.