La Cámara de Diputados retoma este martes 2 de septiembre el debate sobre una batería de pedidos de informes impulsados por la oposición por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La discusión se centra en dos comisiones que, de forma continua, buscarán tramitar la primera y segunda tanda de iniciativas presentadas por distintos bloques.
A las 12 se reúne la comisión de Acción Social y Salud Pública, que preside Pablo Yedlin, para dar curso a los primeros proyectos; a las 14, de forma continuada, cita la comisión de Discapacidad, encabezada por Daniel Arroyo, para analizar el resto de los pedidos. Ambas convocatorias concentran la atención legislativa sobre el caso y prometen votaciones y pedidos de documentación a funcionarios.
Los pedidos de informe fueron presentados por legisladores de diversos espacios: Sabrina Selva (UxP), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Christian Castillo (PTS), Esteban Paulón (Encuentro Federal), Guillermo Casas (UxP), Andrea Freites (UxP), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) y Eduardo Valdés (UxP), entre otros. Los proyectos apuntan a exigir explicaciones sobre las irregularidades que emergen de las filtraciones a responsables del organismo y del área de Salud.
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Los explosivos audios del desplazado titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que revelan un sistema de recaudación ilegal de supuestas coimas, ponen en alerta al oficialismo y sacuden el tablero político: las conversaciones, según las filtraciones, comprometen a funcionarios y dejan en evidencia prácticas polémicas en la gestión de fondos destinados a personas con discapacidad.
La falta de respuesta oficial se vuelve más notoria tras la ausencia, el martes pasado, del ministro de Salud Mario Lugones y del flamante titular de la ANDIS, Alejandro Vilches, citados de urgencia a un plenario para rendir cuentas. La ausencia de los funcionarios alimenta la sensación de vacío institucional en un momento de fuerte demanda de explicaciones por parte del Congreso y la sociedad.
En la estrategia comunicacional del Gobierno, el presidente Javier Milei compartió este lunes un posteo del vocero Manuel Adorni que describe los audios como “una operación de inteligencia ilegal” destinada a “desestabilizar al país en plena campaña electoral”. El mensaje oficial apunta a presentar las grabaciones como un ataque planificado y no como una filtración espontánea.
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La denuncia del Gobierno, en detalle
Mientras la Cámara de Diputados retoma el debate sobre los pedidos de informes por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno presenta ante la Justicia una denuncia que apunta a frenar la difusión de nuevos registros. El escrito solicita “medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas” y la “prohibición de difundir, propagar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso”.
Además solicitan el allanamiento de las oficinas del canal de streaming Carnaval, de su dueño y de los periodistas que difundieron los audios, y extiende la solicitud a la pareja de la diputada Marcela Pagano, señalado por el Ejecutivo como uno de los supuestos responsables de la operatoria.
El Gobierno calificó a la difusión como “una maniobra” orientada a “manipular ilegítimamente en opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral”.
El expediente lo presenta el Ministerio de Seguridad por intermedio de Jaime Olivos y sostiene que los hechos constituyen “un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”. El escrito identifica la filtración como parte de una trama más amplia que, según el Gobierno, tiene vínculo con la oposición kirchnerista y persigue un efecto electoral y de desgaste político.
El documento subraya la gravedad de la hipótesis: “La mera posibilidad de que se hubieran realizado grabaciones encubiertas dentro de la sede del Poder Ejecutivo Federal, o en otros despachos públicos, otorga a la maniobra una gravedad inusitada”.
TC/ML