Un detenido con prisión preventiva fue acusado de usar el teléfono fijo de la comisaría donde estaba alojado para comunicarse con su ex pareja, incumpliendo las restricciones de contacto impuestas por la Justicia. La fiscalía amplió la investigación y le atribuyó nuevos hechos de desobediencia y amenazas, con un total de 21 hechos delictivos.
La causa tiene como imputado a un hombre de 31 años, identificado por la Justicia como D.Q., que permanecía detenido en la comisaría local cumpliendo una condena por daño. Pese a estar bajo custodia, logró comunicarse en múltiples oportunidades con su ex pareja, violando la orden de prohibición de contacto que regía desde el 21 de febrero de 2025 por disposición del juez de familia Santiago Huaiquil.
Según informó la fiscalía, entre los meses de marzo y junio el acusado aprovechó el permiso reglamentario de realizar llamadas telefónicas desde la comisaría. En al menos diez ocasiones, pidió a los agentes de guardia comunicarse con un número que —según les decía— pertenecía a una de sus hermanas. Sin embargo, los investigadores comprobaron que las llamadas estaban dirigidas a su ex pareja, a quien ya había hostigado previamente.
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Una larga lista de delitos
Por este motivo, la fiscal Rita Barrionuevo, junto a los abogados Daniel Manríquez y Brian Mac Donald, solicitó una ampliación de la investigación preparatoria de juicio. En la audiencia, Manríquez enumeró un total de 21 hechos atribuidos al acusado, entre los que figuran 15 desobediencias judiciales, tres amenazas simples y un episodio de violación de domicilio.
También está imputado por amenazas coactivas —por intentar obligar a su ex pareja a retomar la relación— y por lesiones leves agravadas en un contexto de violencia de género.
El representante del Ministerio Público Fiscal explicó que el imputado aprovechó la confianza del personal policial para engañar a los guardias y sostener el contacto con la víctima desde el interior de la dependencia. “Les decía que llamaba a su hermana, pero lo hacía a la mujer que tenía prohibido contactar”, detallaron los investigadores.
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Durante la audiencia, la defensa pública no se opuso al pedido de la fiscalía, aunque solicitó precisiones sobre las fechas exactas de las llamadas realizadas desde el teléfono institucional.
Finalmente, el juez Ariel Quiroga resolvió autorizar la ampliación de la investigación en función de las nuevas pruebas presentadas. Con esta decisión, la causa avanza con una imputación más amplia contra el detenido, quien continuará bajo prisión preventiva mientras se analiza la totalidad de los hechos acumulados en su contra.
Con información del Ministerio Público Fiscal, redactada y editada por un periodista de ADNSUR