La causa por la muerte de Diego Armando Maradona vuelve a ponerse en marcha tras meses de incertidumbre y un escándalo institucional que sacudió los cimientos del Poder Judicial bonaerense.
La decisión de anular el juicio anterior había dejado en suspenso la posibilidad de determinar las responsabilidades penales de los ocho profesionales de la salud imputados por la muerte del ídolo.
El proceso se vio comprometido cuando se conoció que la jueza Julieta Makintach, quien presidía el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, había participado activamente en un documental titulado “Justicia Divina”, filmado mientras el expediente se encontraba en pleno desarrollo. Aquella revelación generó un escándalo mediático y jurídico sin precedentes, que culminó con el desplazamiento de los tres magistrados y la nulidad completa del juicio.
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Con el caso nuevamente en manos de un tribunal renovado, la Justicia confirmó que el nuevo debate oral comenzará el 17 de marzo de 2026. Antes, el 12 de noviembre de este año se celebrará una audiencia de prueba para coordinar aspectos técnicos y definir la lista de testigos que declararán durante el proceso.
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El nuevo calendario fue recibido con alivio por parte de los abogados de la familia Maradona, que habían reclamado celeridad tras la suspensión del proceso anterior. Según el entorno del “10”, la prioridad es “garantizar un juicio serio, transparente y sin interferencias externas”, luego del bochorno judicial que puso en duda la imparcialidad del tribunal anterior.
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El expediente busca determinar si los médicos, psicólogos, enfermeros y coordinadores que integraban el equipo que asistía a Maradona incurrieron en negligencia o abandono de persona durante los días previos a su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio San Andrés, en Tigre. La fiscalía sostiene que el exfutbolista no recibió la atención adecuada pese a su estado crítico, mientras que las defensas insisten en que el tratamiento fue correcto y que no existió dolo.
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El escándalo Makintach y su salida del Poder Judicial
Tras conocerse su implicación en la producción del documental, la Suprema Corte bonaerense ordenó una licencia compulsiva para Makintach, y poco después, el Jury de Enjuiciamiento dispuso su apartamiento provisorio. Frente a la posibilidad de ser destituida, la jueza presentó su renuncia, aunque continuó enfrentando una causa penal en la que fue imputada por cohecho pasivo, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Según la investigación, la magistrada habría facilitado información y acceso privilegiado a los realizadores del documental a cambio de beneficios económicos y proyección mediática. El caso generó indignación y fue interpretado como un ejemplo de cómo el afán de protagonismo puede socavar la credibilidad del sistema judicial.
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El impacto del escándalo no solo frenó uno de los juicios más esperados del país, sino que también reabrió el debate sobre la ética judicial y la exposición mediática de los magistrados. Para los familiares del “Diez”, el episodio fue “una burla” que retrasó una vez más la búsqueda de justicia.