El fiscal del fuero contencioso administrativo Fabián Canda dictaminó hoy que no corresponde habilitar la feria judicial para tratar la serie de amparos presentados contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el Gobierno reconfiguró y ensanchó las competencias de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en el último día del año pasado.
Fuentes judiciales indicaron que el fiscal Canda se pronunció en el mismo sentido en cada uno de los expedientes en trámite. En uno de los dictámenes, que fue en respuesta a una presentación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el fiscal afirmó que levantar la feria judicial para tratar el pedido implicaría resolver cuestiones de fondo que deberían quedar en manos de los jueces naturales.
Ahora, el juez de feria del fuero, Walter Lara Correa, deberá resolver sobre la totalidad de las presentaciones. Una fue impulsada por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Esteban Paulón, del Partido Socialista; otra por un grupo de abogados, dirigentes y exfuncionarios con pasado en el radicalismo; y una tercera por la Fundación Apolo que encabeza Yamil Santoro. Fueron sorteadas en los juzgados 4, 11 y 3.
En el juzgado 3 también tramita una causa vieja que se reactivó con un pedido puntual de la SIDE tras el decreto para que se declare abstracta una cuestión, confiaron fuentes judiciales.
El fiscal Canda resaltó hoy en su dictamen que la habilitación durante la feria es una “medida de excepción y por lo tanto debe acordarse con carácter restrictivo”.
“En ese orden de ideas, las razones de urgencia que autorizan la requerida habilitación son aquellas que entrañan un riesgo previsible e inminente de verse frustrados determinados derechos”, dijo, circunstancias que, considera, no fueron acreditadas. “Opino que el Tribunal no debería hacer lugar a la habilitación de feria solicitada”, sostuvo.
En contraposición, el CELS sostuvo en su presentación que el asunto en cuestión “no admite demoras”. “Se procura concretar respuestas judiciales urgentes frente a un actuar ilegal e inconstitucional del Poder Ejecutivo Nacional, además de incompatible con los compromisos internacionales asumidos”, dice el texto.
El decreto del Gobierno, firmado el 31 de diciembre último, cuando ya había concluido el período de sesiones extraordinarias, reordena el sistema de inteligencia y ensancha las facultades de la SIDE. Uno de los puntos más cuestionados de la iniciativa es el que permite a personal de inteligencia la aprehensión de personas en el desarrollo de sus tareas.
El grupo de abogados liderados por Leopoldo Moreau dijo en su presentación que el nuevo esquema “habilita la realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia de carácter encubierto sin orden judicial previa, sin delimitación precisa de los supuestos habilitantes y sin control externo eficaz”.