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El Gobierno habilitó, en extraordinarias, el debate para bajar la edad de imputabilidad

Cumpliendo con la promesa realizada la noche del lunes durante un acto en Mar del Plata, el presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para habilitar el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.

La decisión fue formalizada a través del Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el mandatario junto a su vocero y actual ministro, Manuel Adorni, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

El texto es breve pero directo. En su Artículo 1°, el decreto establece: “Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”.

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De esta manera, el Gobierno le dio respaldo legal al anuncio político que Milei había realizado horas antes en la esquina de Güemes y Avellaneda, ante militantes y simpatizantes, donde lanzó una de sus frases más duras: “En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto”.

El proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso, impulsado por los ministerios de Seguridad y Justicia, apunta a modificar el régimen penal juvenil vigente desde la última dictadura militar. La iniciativa busca bajar el piso de punibilidad, actualmente fijado en 16 años, para permitir que menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados bajo un nuevo esquema legal.

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La propuesta promete reavivar un debate sensible y de alto voltaje político, con fuertes posiciones a favor y en contra tanto dentro como fuera del Congreso.

LA IMPUTABILIDAD JUVENIL VUELVE AL CENTRO DE LA ESCENA

La decisión de incluir la Ley Penal Juvenil no fue improvisada. En el Ejecutivo reconocen que la discusión venía latente desde hace semanas, pero recién ahora se resolvió avanzar formalmente con su tratamiento legislativo. El proyecto sobre el que se trabaja toma como base la iniciativa que obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados en mayo de 2025, elaborada originalmente en el ámbito del Ministerio de Justicia.

La normativa fue desarrollada por la Secretaría de Justicia, a cargo de Sebastián Amerio, en coordinación con la Subsecretaría de Política Criminal y la Dirección de Técnica Legislativa de la cartera. Si bien el texto ya contaba con respaldo técnico, en Casa Rosada confirmaron que se introdujeron modificaciones al articulado para adecuarlo a la estrategia política del Gobierno y facilitar su discusión parlamentaria.

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En paralelo, la reforma integral del Código Penal —que también contempla la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años— quedaría postergada para el inicio del período ordinario de sesiones, a partir del 1° de marzo. En diciembre pasado, la intención del Presidente era avanzar en conjunto con ambas iniciativas, pero la necesidad de concentrar esfuerzos en la sanción de la Reforma Laboral llevó al Ejecutivo a postergar el debate penal para más adelante.

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Sin embargo, en los últimos días, el impacto del caso de Jeremías Monzón, el joven de 15 años torturado y asesinado en la provincia de Santa Fe, volvió a instalar con fuerza el debate público sobre la responsabilidad penal juvenil y aceleró la decisión del Gobierno de retomar el tema durante las extraordinarias.

EL ANTECEDENTE EN COMODORO

El crimen de Gonzalo Güenchur , un estudiante de 17 años en Comodoro Rivadavia el 21 de mayo de 2024, apuñalado por un menor de 15 años para robarle el celular, reabrió el debate en Argentina sobre la baja de la edad de imputabilidad. Es que al ser inimputable por ley, el agresor no enfrentó una causa penal, generando conmoción y marchas exigiendo justicia. 

El ex juez Florencio Minatta, actual docente de las cátedras Penal y Procesal además de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas (sede Trelew), fue uno de los juristas consultados por ADNSUR para conocer su posición sobre el tema, en un debate en el que se ubicó en el sentido contrario al de bajar la edad, más allá del caso particular ocurrido en esta ciudad:

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“Hay que distinguir una cosa. Por supuesto que el menor sabe que está matando, pero no significa que comprenda lo que nosotros llamamos la criminalidad del acto. Hay gente con trastorno de la personalidad que sabe que está matando al vecino, pero cree que el otro lo ataca porque es jefe de un batallón, por ejemplo». 

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Facebook/Collage ADNSUR

Al profundizar en su razonamiento, añadió, siempre hablando en términos generales y sin referencia al caso concreto ocurrido en esta ciudad: 

«El menor es inimputable porque no comprende el valor de la vida, por falta de maduración, no por trastorno de la personalidad (aunque pueden juntarse ambas causales). Claro que sabe lo que está haciendo, incluso el Código Civil establece la responsabilidad a partir de los 10 años, para responder con bienes propios si los tuviera”.

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Para el ex juez de primera instancia y de Cámara, “no basta con que conozca lo que está haciendo. Pero además, el abordaje del conflicto no es la cárcel, porque no sirve para nada. ¿Cuántos años se puede encerrar? Cuando salga va a ser un monstruo. Si no funciona con los adultos, imagínate con un menor de 14 años”.

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Ex juez de Cámara Florencio Minatta, actual docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas, sede Trelew.

Martín Montenovo, docente titular de la cátedra de Derecho Penal I en la misma facultad, sede Comodoro, además de juez de Cámara Penal de esta ciudad, aportó otro elemento de contexto respecto del criterio de la comprensión del acto de criminalidad, no sin antes expresar su postura contraria a la baja de la edad de edad como solución al problema:

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“Hay países como Inglaterra que toman el criterio de la comprensión del acto, lo que demanda la participación de equipos con profesionales en psicología para determinarlo, en cada caso concreto. Esto pasó a partir de un conmocionante hecho ocurrido unos 15 años atrás, en el que un grupo de niños de 12 años asesinó a otro chico, por lo que fueron finalmente condenados -relató-. Otros países, como el nuestro, fijan una edad límite, que en nuestro caso es de 16 años y otros lo hacen en menos. Alguien dirá 14, otros 12 otro 10. ¿Hasta dónde llegará?”.   

Además, insistió sobre un punto: “A veces es complejo determinar la comprensión de la criminalidad de los actos a veces es muy complejo para mayores, mucho más para menores de edad”.

Con información de Noticias Argentinas, editada y redactada por un periodista de ADNSUR

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