Washington, DC, 28 de enero de 2026. La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), órgano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su solidaridad con las personas y comunidades afectadas por los incendios forestales que se registran en Argentina, y advirtió “con preocupación” sobre la reducción de fondos nacionales destinados al combate y la prevención del fuego.
En un comunicado difundido desde Washington, la Relatoría lamentó las pérdidas humanas, los daños a viviendas e infraestructura y las afectaciones a los derechos humanos, en particular a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades impactadas. Señaló además que estos eventos se ven agravados por condiciones meteorológicas extremas, como altas temperaturas, baja humedad y vientos intensos, que favorecen la rápida propagación de los incendios.
Chubut y el impacto en la Patagonia
En Argentina, la Relatoría siguió con especial atención la situación en la provincia del Chubut, donde se estima que unas 45.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego en lo que va del año. Según el organismo, los incendios provocaron graves impactos sobre comunidades locales, además de una pérdida significativa de biodiversidad y recursos naturales. En ese marco, la REDESCA reconoció los esfuerzos de coordinación y asistencia desplegados a nivel provincial y local.
Advertencia por el ajuste presupuestario
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la preocupación por informes de organizaciones especializadas que, a partir de datos oficiales de ejecución presupuestaria, advirtieron insuficiencia de recursos y subejecución en partidas vinculadas al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, así como una disminución de las asignaciones previstas para 2026. La Relatoría alertó que estas decisiones podrían debilitar las capacidades de prevención, preparación y respuesta ante incendios forestales.
Asimismo, señaló que la reducción de fondos destinados a la protección de bosques nativos puede afectar la fiscalización y el control de desmontes ilegales, un factor clave para la gestión del riesgo y la protección de los ecosistemas. “En el contexto de la emergencia climática, los Estados deben fortalecer —y no debilitar— sus arreglos institucionales y presupuestarios”, subrayó el organismo.
Llamado a medidas estructurales
Finalmente, la REDESCA instó a los Estados a adoptar medidas estructurales de prevención y reducción del riesgo, reforzando el ordenamiento territorial, la protección y restauración de ecosistemas nativos y la gestión preventiva del riesgo. También reclamó investigaciones diligentes ante posibles incendios provocados y un financiamiento suficiente, oportuno y previsible para proteger a las poblaciones en riesgo.
La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la CIDH con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de estos derechos en todo el continente americano.