El Gobierno argentino solicitó a la Justicia de los Estados Unidos la suspensión inmediata del proceso de “discovery” en el marco del juicio por la expropiación de YPF, una instancia judicial que contempla la exhibición y producción de documentos vinculados a la causa.
El pedido fue presentado por la Procuración del Tesoro de la Nación, organismo que actualmente dirige Sebastián Amerio, mediante una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
La solicitud busca frenar la etapa de producción de pruebas vinculada al requerimiento de aplicación de sanciones contra el país y también suspender la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril de este año.
La medida se produce luego de que la jueza de Nueva York Loretta Preska habilitara el acceso a distintos documentos y comunicaciones, entre ellas mensajes de WhatsApp de funcionarios y ex funcionarios argentinos, en el marco del litigio por la estatización de la petrolera.
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Los argumentos del Gobierno argentino
En la presentación judicial, los abogados del Estado argentino detallaron los fundamentos por los cuales consideran que el proceso debería ser suspendido.
Entre los principales argumentos, sostuvieron que existen “fundamentos sólidos” para revertir la decisión apelada, y mencionaron, entre otros puntos, una incorrecta aplicación del derecho argentino y el principio jurídico conocido como “forum non conveniens”, que plantea que el caso debería tramitarse en otra jurisdicción más adecuada.
Además, advirtieron que la continuidad del proceso de discovery podría provocar “un perjuicio irreparable para la soberanía nacional”, especialmente por la posible divulgación de documentación sensible vinculada al funcionamiento del Estado.
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Según indicaron, esta situación también podría afectar la previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de las relaciones financieras internacionales de Argentina.
Riesgos para las relaciones exteriores
En otro tramo del escrito, la Procuración sostuvo que el interés público aconseja evitar eventuales impactos en las relaciones exteriores del país.
Asimismo, se remarcó que continuar con el proceso podría generar ineficiencias procesales, especialmente si una decisión posterior sobre el fondo del caso vuelve abstractas las discusiones vinculadas con la ejecución del fallo.
El documento también subraya que Argentina ya ha cumplido ampliamente con las órdenes judiciales emitidas hasta el momento dentro del proceso.
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Documentación ya presentada por Argentina
De acuerdo con lo señalado por la defensa del Estado, el país ya entregó más de 117.500 páginas de documentación relacionadas con la causa.
Además, se facilitaron alrededor de 37 horas de testimonios correspondientes a siete funcionarios de alto rango, como parte de las instancias probatorias solicitadas por el tribunal.
A ese material se suman más de 800 páginas adicionales de documentación y 86 notas de voz presentadas ante la Justicia estadounidense.
Sin embargo, pese a esas entregas, los demandantes solicitaron que Argentina sea declarada “en desacato” y que se le impongan sanciones por supuestos incumplimientos en la producción de información.
Desde la defensa del país consideraron esas solicitudes “improcedentes y desproporcionadas”.
Apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos
En el escrito presentado ante la Cámara de Apelaciones también se mencionó el respaldo que recibió Argentina por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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Ese organismo presentó un documento ante el tribunal de la jueza Preska en el que se pronunció a favor de la posición argentina dentro del proceso judicial.
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La postura oficial del Gobierno
Sobre el final de la presentación, la Procuración del Tesoro afirmó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para defender los intereses del país.
En ese sentido, el organismo señaló que seguirá ejerciendo “todas las acciones y recursos jurídicos previstos para resguardar la plena vigencia de la Constitución Nacional y de los principios del derecho internacional público”.
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Además, aseguró que el Estado mantendrá “una defensa firme y consistente del interés nacional y de su soberanía frente a cualquier medida que considere contraria al orden jurídico argentino y a las normas fundamentales que rigen las relaciones entre Estados”.