En las últimas horas, grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, hasta ahora director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), encendieron un fuerte escándalo político. El contenido de los audios describe con crudeza cómo supuestos operadores del organismo solicitaban dinero a prestadores del área de salud, en particular del rubro de medicamentos, como condición para firmar convenios y garantizar la continuidad de servicios esenciales.
Los registros fueron difundidos por el programa Data Clave, conducido por Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval. Allí se escucha a Spagnuolo advertir sobre prácticas de recaudación paralela y maniobras que, según sus palabras, “defalcaban la agencia”. En uno de los pasajes más comprometedores, señala: “van a pedirle guita a los prestadores”, en alusión a exigencias económicas hacia empresas proveedoras del Estado.
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Las filtraciones apuntan además a vínculos con figuras de gestiones anteriores y dejan entrever que la red de cobros ilegales no se limitaba a la administración actual. En los audios, Spagnuolo menciona la participación de un funcionario ligado al macrismo, que habría asumido el control financiero del organismo. Esa mención amplificó la controversia y sumó un componente de disputa política en pleno año electoral.
En este contexto, la Casa Rosada se vio forzada a actuar. Durante la madrugada del jueves, la Vocería Presidencial confirmó que el presidente Javier Milei dispuso la desvinculación de Diego Spagnuolo de la dirección de la ANDIS. La medida, según se explicó, se tomó en carácter preventivo frente a la magnitud de las acusaciones y para “garantizar la transparencia” en el manejo de la agencia.
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La salida de Spagnuolo dejó al organismo bajo intervención. El ministro de Salud, Mario Lugones, será quien supervise su funcionamiento hasta tanto se designe a un interventor formal. El nuevo funcionario tendrá la misión de normalizar la gestión y restablecer la confianza en una entidad sensible, que administra fondos destinados a la cobertura de personas con discapacidad.
X de @dspagnuolo_ok
Mientras tanto, la Justicia avanza con una investigación preliminar. El fiscal Franco Picardi quedó a cargo de la causa que deberá determinar si los hechos revelados en los audios constituyen delitos de corrupción y si existieron perjuicios económicos para el Estado.
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El episodio golpea al oficialismo en un terreno delicado: el de la gestión de políticas sociales y de salud pública. Con los audios ya instalados en la agenda mediática y política, la oposición busca capitalizar el escándalo, mientras el Gobierno intenta despegarse con una medida rápida que, al mismo tiempo, abre más interrogantes sobre la trama de intereses detrás de la agencia.