Ante la creciente crisis habitacional en Australia, una nueva propuesta ha generado una gran polémica al sugerir la posibilidad de implementar un impuesto sobre los dormitorios desocupados.
Esta idea surge en un contexto donde el gobierno federal lucha por alcanzar su ambicioso objetivo de construir 1,2 millones de viviendas en los próximos cuatro años. Sin embargo, diversos allegados al sector han advertido que el problema no se limita a la cantidad de viviendas, sino a su tipo y distribución.
Según datos recientes, más del 60 % de los hogares australianos están conformados por una o dos personas, pero la mayoría de las nuevas viviendas siguen siendo diseñadas para familias, es decir, con tres o más dormitorios. Este desajuste ha sido calificado como una “desconexión” entre la realidad demográfica del país y la oferta inmobiliaria.
Algunos allegados al rubro inmobiliario señalaron que aunque no es incorrecto que las personas vivan en casas más grandes de lo que necesitan, esto puede representar una ineficiencia significativa en la asignación del espacio habitacional.
| La Derecha Diario
Por ejemplo, más de 1,3 millones de hogares compuestos por dos personas viven en viviendas de tres habitaciones, superando incluso al número de hogares con tres o cuatro residentes en ese mismo tipo de inmueble.
El problema se agrava al analizar que los hogares unipersonales, que representan el 27 %, apenas cuentan con oferta de viviendas adecuadas, ya que los departamentos de un dormitorio o estudios solo constituyen el 6 % del stock habitacional.
En este contexto, el gobierno federal junto a algunos desarrolladores socialistas, han incurrido en la delirante propuesta de gravar las viviendas con más habitaciones de las necesarias y reducir el costo de vivir en propiedades más pequeñas. También se propone eliminar el impuesto de timbre (stamp duty), que dificulta la movilidad, y reemplazarlo por un impuesto a la tierra más amplio, que refleje el tamaño y el uso del terreno ocupado.
| La Derecha Diario
Sin embargo, esta propuesta del llamado »impuesto a los dormitorios vacíos» ha sido recibida con escepticismo y durísimas críticas. Aunque se reconoce que el sistema habitacional necesita reformas, gravar a las personas por tener espacio adicional en sus viviendas es visto como una intromisión excesiva del Estado en las decisiones personales y familiares.
Muchas personas mayores, por ejemplo, permanecen en sus hogares grandes no por capricho, sino por vínculos emocionales, razones de salud o falta de alternativas adecuadas para mudarse.
Además, esta medida corre el riesgo de penalizar injustamente a quienes legítimamente requieren espacio adicional por motivos no siempre visibles en las estadísticas: cuidado de familiares, teletrabajo, alojamiento temporal de hijos adultos o incluso planes a futuro de formar una familia.
En lugar de aplicar sanciones a quienes ya poseen viviendas más grandes, sería más justo y efectivo incentivar la construcción de viviendas intermedias, como dúplex, departamentos de baja altura o viviendas residenciales, que se adapten mejor a la estructura actual de los hogares.
| La Derecha Diario