La investigación se centra en presuntas coimas reveladas en grabaciones clandestinas -aparentemente editadas de conversaciones privadas obtenidas ilegalmente- atribuidas a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que señalan a Eduardo “Lule” Menem, funcionario de la secretaría a cargo de Karina Milei, como articulador y que mencionan a Karina Milei como supuesta beneficiaria”.
Un juez federal en lo civil y comercial ordenó el lunes, a pedido del Poder Ejecutivo, el “cese de la difusión” de los audios atribuidos a Karina Milei que hayan sido “grabados en la Casa de Gobierno”. Fue a través de una presentación que lleva la firma de la propia funcionaria. En paralelo, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal para que se investigue un presunto “espionaje ilegal” por estas grabaciones. La avanzada judicial del Gobierno ocurre tras el escándalo político que provocó el caso Spagnuolo, que también se disparó a través de la difusión de audios.
La cartera que dirige Patricia Bullrich solicitó allanar el canal de streaming Carnaval, el primero que pasó los audios, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de Pablo Toviggino-principal accionista de Carnaval- y del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, acusado por el Gobierno de haber sido el supuesto responsable de la difusión de los audios. Esta denuncia penal recayó, por sorteo, en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, que actualmente está siendo subrogado por el juez Julián Ercolini.