Una mañana que transcurría con la rutina habitual en los Tribunales de San Martín se transformó en un escenario de caos, miedo y tensión extrema. Gritos, corridas y destrozos alteraron el funcionamiento del edificio judicial cuando un grupo numeroso de personas ingresó de manera violenta con un objetivo claro: intimidar a un juez que intervino en causas vinculadas al narcotráfico.
El episodio ocurrió el miércoles alrededor de las 11.30 y dejó expuesta, una vez más, la fragilidad de las condiciones de seguridad en dependencias judiciales de la provincia de Buenos Aires. Empleados, funcionarios y ciudadanos que se encontraban realizando trámites quedaron atrapados en medio de una situación que, por momentos, pareció salirse de control.
EL VIOLENTO AVANCE DENTRO DEL EDIFICIO JUDICIAL
Según reconstruyeron fuentes judiciales, cerca de 20 personas irrumpieron en el edificio de Tribunales y se dirigieron directamente a la mesa de entradas del Juzgado de Garantías N°5. Allí exigieron ver al juez Nicolás Schiavo, elevando el tono de voz y generando escenas de pánico entre los trabajadores del lugar.
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Caos y tensión en los Tribunales de San Martín: una banda intentó amedrentar a la Justicia
(Foto: Diario zonal)
Ante la ausencia de un operativo de seguridad suficiente, los empleados judiciales improvisaron una barricada en la escalera para impedir que el grupo avanzara hacia los pisos superiores. Sin embargo, la contención duró poco. Los agresores rompieron una ventana y lograron acceder al primer piso, donde funcionan otros tres juzgados, profundizando el clima de violencia.
De acuerdo con la información oficial, el ataque estaría relacionado con un allanamiento realizado días atrás en Villa Maipú, partido de San Martín. En ese procedimiento, la Policía secuestró armas de fuego y otros elementos, y detuvo a seis hombres y tres menores, todos sospechados de integrar una banda dedicada a la venta de drogas. El juez Schiavo había intervenido en causas vinculadas a ese grupo.
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La irrupción no dejó heridos, pero el impacto emocional entre quienes se encontraban trabajando fue profundo. “La pasaron muy mal”, relataron desde el ámbito judicial, donde reconocen que la violencia dentro de los tribunales es un problema que se repite y va en aumento.
REPUDIO INSTITUCIONAL Y ADVERTENCIAS SOBRE UN PROBLEMA ESTRUCTURAL
Tras el grave episodio, el camarista de San Martín, Sergio Pilarche, brindó declaraciones a Radio Mitre y describió las falencias que atraviesan los edificios judiciales. “Esta es una repartición con varios juzgados y cada instalación tiene un superintendente que debe ocuparse de todo, desde la seguridad hasta cuestiones básicas como la iluminación”, explicó.
Violenta irrupción en un juzgado bonaerense expuso la falta de seguridad judicial
(Foto: Girona Evidence Week)
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Pilarche recordó que durante su gestión había advertido sobre la necesidad de reforzar la custodia. “Pedí más personal de seguridad porque a los tribunales entra gente de la que no sabemos cuáles son sus intenciones. No es un problema exclusivo de los juzgados penales: también ocurre en los civiles y comerciales”, señaló. “La gente se exalta y quienes quedan expuestos son los empleados”.
“El hecho fue grave. Tuvimos suerte de que no pasó a mayores. La criminalidad en esta jurisdicción es seria y la situación de violencia es cada vez más compleja”, advirtió.
El ataque motivó un enérgico pronunciamiento del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense, que expresó su “más profundo repudio y preocupación” por lo ocurrido. En un comunicado, la entidad sostuvo que el episodio dejó al descubierto “la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones las y los trabajadores judiciales”, poniendo en riesgo no solo a magistrados y empleados, sino también a la ciudadanía que concurre diariamente a los tribunales.
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Además, el Colegio remarcó que no se trata de un hecho aislado, sino de “un problema estructural” que requiere respuestas urgentes y coordinadas del Estado. En ese sentido, reclamó mayores recursos, medidas concretas de protección y una revisión del impacto que tuvo la desfederalización de los delitos de narcomenudeo en el sistema judicial provincial.
En el cierre del documento, la entidad exhortó a los tres poderes del Estado a actuar con urgencia para garantizar condiciones mínimas de seguridad y preservar la independencia judicial. “Proteger a quienes integran el servicio de justicia es una obligación indelegable”, concluyó.
Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR