En medio del debate en el Congreso por la baja de la edad de imputabilidad, tres diputados cordobeses firmaron el dictamen con disidencias en aspectos centrales del proyecto. En diálogo con Punto a Punto Radio, en el programa «Es por acá», la diputada Alejandra Torres explicó por qué acompañaron la iniciativa en general, pero marcaron diferencias en puntos vinculados al presupuesto, la aplicación de las penas y la reincidencia.
En medio del debate en la Cámara de Diputados por el nuevo Régimen Penal Juvenil, que obtuvo dictamen y comenzó a tratarse en sesión especial, los diputados cordobeses Alejandra Torres, Ignacio García Aresca y Juan Brugge firmaron el despacho de mayoría con disidencias en tres puntos centrales.
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En diálogo con Punto a Punto Radio, en el programa “Es por acá”, Torres explicó que acompañaron el proyecto en general. “Nosotros sí firmamos el dictamen de mayoría y tuvimos una disidencia en tres puntos fundamentales”, señaló la legisladora. El primero de ellos está vinculado a las condiciones materiales para alojar a los menores en caso de que se apruebe la baja de la edad de imputabilidad.
En ese sentido, Torres sostuvo que no se trata solo de detener. “No es un tema de que vamos por el castigo mismo”, afirmó, y agregó que “no es para alojarlos y dejarlos ahí que pasen la vida purgando penalidades, sino para estructurar su vida, reconstruirlos, resocializarlos”. Según explicó, si el Estado avanza en la detención de jóvenes, deben existir establecimientos especiales y equipos capacitados que trabajen en su reinserción.
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Allí aparece el segundo eje de disidencia: el financiamiento. La diputada remarcó que Córdoba ya implementa desde 2025 una política juvenil restaurativa orientada a la reinserción, lo que implica recursos sostenidos. “Eso exige profesionales importantes dedicados, altamente capacitados y también establecimientos especiales”, detalló. Por eso, cuestionó que no esté claramente garantizada la asignación presupuestaria para poner en marcha el régimen en todas las jurisdicciones.
El tercer punto planteado por los cordobeses es la escala penal diferenciada por edades y el denominado “derecho al olvido”. Torres consideró que debe contemplarse una aplicación progresiva de las penas según la edad y la gravedad del delito, y propuso que los antecedentes no pesen de por vida. “Que esto prescriba en un tiempo determinado, que nosotros sugerimos diez años”, señaló.
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Durante la entrevista también hizo referencia a las advertencias de la Iglesia y la Pastoral Social sobre la falta de condiciones institucionales. “Lo hemos escuchado y entendemos que no es solamente detenerlo”, afirmó, y agregó que “el desafío es trabajar con el joven y su familia para evitar la reincidencia”.
No obstante, sostuvo que también debe contemplarse la situación de las víctimas. “Sería injusto decirle a esas familias que se han visto afectadas por un delito que no vamos a hacer nada”, expresó, al tiempo que remarcó que «la mayoría de la sociedad lucha todos los días para vivir, ser honesta y educar a sus hijos”.
El proyecto que se debate corresponde a un texto de 2024, luego de que el Gobierno retirara una versión más reciente que incluía la asignación de fondos pero proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Con el dictamen ya firmado, el tratamiento continúa en el recinto con apoyos en general y diferencias en aspectos clave como la infraestructura para alojar a los jóvenes y los recursos necesarios para garantizar su implementación efectiva.