La conducción de la CGT resolvió adelantar para el próximo lunes una reunión clave en la que se evaluará la convocatoria a un paro general, en rechazo al avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.
El encuentro se realizará de manera virtual desde las 16 y podría marcar un punto de inflexión en la estrategia sindical frente al debate parlamentario.
La decisión fue adoptada por los cotitulares de la central obrera, Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, luego de que distintos sectores gremiales reclamaran una postura más firme ante la inminente discusión del proyecto en la Cámara de Diputados, tras la media sanción obtenida en el Senado.
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Dentro del movimiento obrero crece la presión para avanzar con una medida de fuerza que acompañe el tratamiento legislativo. Varios dirigentes sostienen que las movilizaciones y declaraciones públicas ya no alcanzan para frenar lo que consideran un retroceso en materia de derechos laborales. En ese marco, el paro general aparece como la herramienta de mayor impacto para expresar el rechazo sindical.
Entre los puntos que generan mayor malestar figura la posibilidad de reducir el salario entre un 25% y un 30% en casos de licencia médica, una cláusula que, según advierten, afectaría directamente el ingreso de los trabajadores en situaciones de vulnerabilidad. También cuestionan los cambios previstos en el régimen de indemnizaciones, la extensión y organización de la jornada laboral y las modificaciones en el esquema de vacaciones.
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Otro eje de preocupación es la regulación del derecho de huelga contemplada en la iniciativa. Desde la CGT consideran que cualquier limitación podría debilitar la capacidad de negociación colectiva y condicionar futuras protestas. En ese sentido, sostienen que el proyecto no solo impacta en aspectos económicos sino también en el equilibrio de poder entre empleadores y trabajadores.
La reunión del lunes será determinante para definir si la central obrera avanza con un paro general que coincida con la sesión en Diputados. De concretarse, la medida profundizaría la tensión entre el Gobierno y el sindicalismo en un momento clave del debate legislativo y abriría un nuevo capítulo en el conflicto por la reforma laboral.