La audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares ya es récord con más de 85.000 personas inscriptas para participar y defender las fuentes de agua. Sin embargo, desde La Libertad Avanza cambiaron los criterios de participación y pretenden limitar la exposición a apenas un máximo de 180 personas en cada jornada, es decir, solo el 0,4% del total.
La maniobra deja al descubierto lo que organizaciones socioambientales denuncian desde un comienzo, nunca hubo intención real de abrir una instancia de participación, sino de cumplir formalmente con el requisito para evitar posibles judicializaciones. Ahora, desbordados por la masividad, avanzan con una audiencia “exprés” los días 25 y 26 que excluye al 99,6% de quienes se anotaron, lo que sigue siendo motivo de judicialización.
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Una audiencia a medida
Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, anunciaron antes del cierre de inscripción que quienes no pudieran exponer tendrían la posibilidad de enviar videos o escritos. La propuesta cambia los criterios iniciales de la convocatoria y es una violación de los mecanismos de Audiencia para acotar la misma a tan solo dos jornadas. Pero si tan solo 10.000 personas de las más de 85.000 inscriptas enviaran sus videos, se necesitarían 104 jornadas de ochos horas para verlos todos. Sin embargo, la intención del bloque de LLA es que luego de dos días se llame a comisión para dictaminar.
En otras palabras, no hay garantías de que los materiales enviados por todos los que queda fuera sean leídos antes de que los diputados tomen una decisión, ni mucho menos de que formen parte real del debate. Las audiencias públicas, de por sí no vinculantes, ya tienen límites democráticos evidentes. Pero en este caso el problema es mayor, ya que ni siquiera permiten la participación efectiva de quienes se inscribieron, lo que vuelve el proceso irregular e ilegal.
Frente a esta situación, distintas organizaciones nucleadas en la Campaña La Ley de Glaciares No Se Toca rechazan el mecanismo amañando de envíos de videos y escritos, preparan jornadas de protesta para los días 25 y 26, y exigen que se amplíe la audiencia con presentaciones en instancias judiciales.
Amparos judiciales y rechazo masivo
En estos días se presentaron acciones de amparo con la exigencia de que se respete el derecho a participar.
Por un lado, impulsan una presentación conjunta el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, Naturaleza de Derechos y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Por otro, también recurrieron a la Justicia Abogados Ambientalistas, FARN, Greenpeace, la Red Universitaria por la Crisis Climática y el Círculo de Políticas Ambientales.
Las organizaciones exigen que se garantice la participación oral de todas las personas inscriptas, que se amplíe la cantidad de jornadas de audiencia para hacerla posible, que se eviten mecanismos que restrinjan el acceso a la palabra y que el proceso cumpla efectivamente con condiciones de publicidad, transparencia y participación real.
Es lo que corresponde, cuando la cantidad de inscriptos supera la capacidad prevista deben ampliarse las audiencias y existen antecedentes claros.
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El contraste con otros debates
En 2018, durante el tratamiento de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el gobierno de Mauricio Macri habilitó un proceso con 15 audiencias y 738 expositores. El proceso contó con fuertes limitaciones y una composición sesgada de invitados pero las jornadas se extendieron por ocho semanas. En ese caso, donde la vida y autonomía de las mujeres estaba en juego, no hubo apuro en la decisión que podría haber evitado cientos de muertes al año por abortos clandestinos.
Hoy, en cambio, cuando se trata de modificar una ley conquistada en 2010 tras años de lucha socioambiental, el Gobierno busca acelerar el trámite. Para ampliar derechos, dilatan. Para recortarlos, apuran.
Lo que está en juego
La Ley de Glaciares protege las reservas estratégicas de agua que alimentan más de 35 ríos en al menos 20 provincias, muchas de ellas en cuencas compartidas.
La modificación implica dejar en manos de los gobiernos provinciales la decisión sobre qué glaciares y ambientes periglaciares proteger, habilitando un avance mayor de actividades extractivas sobre territorios sensibles.
Además, la exclusión de comunidades originarias de este proceso viola su derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada, establecido en el Convenio 169 de la OIT y sus derecho a decidir sobre tu territorio establecido en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.
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Un gobierno que ataca al ambientalismo
En esto días, el presidente Javier Milei volvió a cargar contra el ambientalismo en su discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde habló de un supuesto “ambientalismo extremo e idiota» que no quiere tocar nada y que eso lleva a la muerte.
Entre “no tocar nada” y “arrasar todo”, las únicas dos opciones que entiende como posibles, él apuesta por la segunda sin ningún tapujo. Y es eso es lo que nos lleva al hambre, la enfermedad, la muerte, crisis, genocidio y guerras en un capitalismo cada vez más descompuesto. Por el contrario, el ambientalismo es una apuesta por la vida, por otra forma de producir donde no mande la ganancia privada sino el interés colectivo, y donde el agua y los glaciares no sean mercancía ni una variable de costo, sino bienes comunes garantizados como derecho elementales.
Asimismo, Milei volvió a mencionar a Chile como gran ejemplo de la explotación de la cordillera. Allí, oportunamente, y a tan solo una semana de asumido el gobierno, las organizaciones socioambientales convocan a movilizarse este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, frente a la ofensiva extractivista impulsada por José Antonio Kast.
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Una ofensiva más amplia y la necesidad de unificar las peleas
La avanzada sobre los glaciares no aparece aislada. Forma parte de un paquete más amplio de medidas que apuntan a poner el territorio, los bienes comunes y el conocimiento al servicio de intereses empresariales. Así lo publicó Adorni en su cuenta de X donde menciona las modificaciones a la Ley de Tierras y la Ley de Manejo de Fuegos—que abren la puerta a una mayor extranjerización y concentración del territorio—, además del ataque al financiamiento universitario y a la Ley de Discapacidad.
El Gobierno avanza en múltiples frentes con parte de un mismo objetivo: disciplinar a trabajadores, recortar derechos, vaciar la ciencia y las universidades públicas para profundizar el modelo extractivista.
Frente a esto, desde Alerta Roja Ambiental planteamos la necesidad de unificar las luchas y preparar una gran jornada de movilización cuando se trate la modificación de la Ley de Glaciares, confluyendo con todos los sectores en conflicto.
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Porque este ataque se da en un contexto de conflictividad social, con docentes en lucha en distintas provincias, paro universitario, movilizaciones de jubilados cada semana y conflictos obreros como el de FATE. No es casual que uno de los focos de protesta sea Catamarca, una provincia atravesada durante décadas por la megaminería, donde el “desarrollo” prometido nunca llegó pero sí se viven las consecuencias con mayor desiguladad, pobreza y ríos secos.
En un gobierno cada vez más cuestionado y atravesado por denuncias de corrupción como $Libra, si aún no se expresa de forma masiva el descontento social es responsabilidad de las direcciones sindicales que sostiene a un gobierno en caída. Ante esto, es clave redoblar la ofensiva desde abajo. La defensa de los glaciares no puede pensarse de manera aislada, es parte de una pelea más general por el territorio, los derechos y otro modelo de país.