El jefe del área penitenciaria provincial detalló ante legisladores el trabajo de requisa y las alternativas que se evalúan para regular la comunicación de los internos, en el marco del análisis de un proyecto de ley.
El comisario Gabriel Araujo, jefe del área penitenciaria de la Policía del Chubut, expuso ante legisladores provinciales los esfuerzos para controlar el ingreso de tecnología no autorizada a las cárceles. Durante su presentación, detalló que se logró incautar «doscientos teléfonos no autorizados» en el Instituto Penitenciario ubicado sobre la Ruta 3.
Las estadísticas oficiales de los últimos tres años indican que se ejecutaron «setecientas requisas ordinarias» en todas las dependencias. Además de los aparatos secuestrados en el recinto principal, se decomisaron ochenta y nueve equipos en la Alcaidía de Trelew y treinta y nueve en Comodoro Rivadavia en el mismo período. A estos procedimientos se sumaron nueve allanamientos motivados por causas de la justicia ordinaria y federal.
Frente a este escenario, y tras el fracaso de proyectos anteriores con teléfonos fijos que resultaron destruidos, la jefatura comenzó a buscar vías alternativas. Una prueba piloto impulsada el año pasado en Comodoro Rivadavia entregó dieciocho dispositivos analógicos de «primera generación, los básicos, no tiene redes sociales, solamente para llamada y mensajería, nada más», según explicó Araujo. El objetivo es garantizar el contacto de los detenidos con el exterior sin facilitar herramientas para la planificación de ilícitos.
Mientras avanza la transición hacia sistemas más seguros, se establecieron pautas provisorias. En el Instituto Penitenciario Provincial, con doscientos cincuenta condenados, «se estableció un teléfono celular cada cinco internos como regla», proporción que se reduce a un aparato cada cuatro personas en la Alcaidía. Araujo aclaró que estos dispositivos son «controlados, obviamente, que se controla el IMEI, controla el número de contacto» y su uso está limitado a franjas horarias específicas.
Esta información conformó el eje central de la primera reunión informativa por el Proyecto de Ley N°17/2026. La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo y analizada en la Legislatura provincial, tiene como meta principal prohibir de manera definitiva el uso de celulares personales en las cárceles. El debate parlamentario busca unificar un nuevo estándar de control estatal para erradicar la comunicación clandestina.