En el marco de un nuevo aniversario del conflicto, autoridades provinciales advierten sobre el impacto estratégico de la explotación de hidrocarburos en aguas en disputa, impulsada por empresas con aval británico.
En una ciudad como Comodoro Rivadavia, donde la causa Malvinas es una identidad arraigada, el 2 de abril plantea interrogantes tanto desde la memoria como desde el presente. Esto se da en el contexto de un proyecto de explotación petrolera en las aguas en disputa del Atlántico Sur, impulsado por dos compañías con aval del gobierno británico, que tiene el potencial de modificar el equilibrio económico y geopolítico de la región.
El eje de esa preocupación quedó expuesto en el testimonio del secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, quien advirtió sobre el impacto estratégico del desarrollo hidrocarburífero impulsado por compañías extranjeras en torno a las islas. “Son recursos naturales en territorio de la República Argentina”, remarcó, en línea con el histórico reclamo de soberanía que la Argentina sostiene ante organismos internacionales.
El proyecto en cuestión —conocido como Sea Lion— avanza tras la Decisión Final de Inversión adoptada por las firmas Rockhopper Exploration (de origen británico) y Navitas Petroleum (israelí). La iniciativa prevé una producción inicial del orden de los 50.000 barriles diarios a partir de 2028, con un desarrollo escalonado que podría extenderse durante más de tres décadas.
Para Dachary, el avance del proyecto refleja “una nueva negación por parte del Reino Unido a las resoluciones de Naciones Unidas que instan a no innovar en el territorio en disputa”. En particular, aludió a una normativa de la década del setenta, que exhorta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras persista la controversia de soberanía.
El funcionario advirtió además sobre las consecuencias estructurales que podría tener este tipo de desarrollos. Actualmente, según detalló, el 56% del producto bruto de las islas proviene de licencias pesqueras otorgadas de manera unilateral a terceros países. La eventual explotación petrolera, en ese contexto, “consolidaría la presencia colonial” al dotar a las islas de una nueva fuente de ingresos de gran escala.
“Se está complementando el saqueo de nuestros recursos naturales —que ya ocurre con la pesca— con la explotación de hidrocarburos”, afirmó. Y planteó un escenario de mediano plazo en el que la economía isleña podría volverse superavitaria, fortaleciendo su autonomía financiera.
En ese marco, Dachary también cuestionó la política exterior nacional. Si bien recordó que la Cancillería argentina ya se ha expresado en rechazo al proyecto —e incluso sancionó previamente a empresas involucradas en actividades similares—, advirtió que hasta el momento no se han desplegado nuevas acciones concretas para frenar el avance.
Aun así, el funcionario llamó a sostener el reclamo con una mirada de largo plazo. “Vivimos en un mundo ambiguo, difícil de predecir, donde cualquier escenario es posible. No tenemos que bajar los brazos”, planteó, reivindicando la “manda constitucional” de recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre las islas.
En Comodoro Rivadavia, donde cada 2 de abril convoca a veteranos, familiares y nuevas generaciones en actos que combinan memoria y pertenencia, la tensión entre historia y futuro se vuelve palpable. Mientras se honra a quienes combatieron en 1982, el tablero geopolítico suma nuevas piezas. Y entre ellas, el petróleo aparece como un factor decisivo en la disputa por Malvinas.