Con la medición del INDEC del total de hogares urbanos del país, la pobreza en el tercer trimestre de 2024 alcanzó al 40,1% y la indigencia al 9,7%.Sobre una población urbana de 42.937.000, suman 17.218.000 personas pobres, de los cuales 4.170.000 son indigentes, sin incluir la población total.
“La incidencia más alta de pobreza se registró en Chaco y la más baja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 15,3%”, según Martín Rozada, profesor de la Universidad Di Tella.
Un año atrás, esa misma medición arrojó una pobreza de 40,7% y 10,6% de indigencia, de acuerdo a los “microdatos” del INDEC procesados por el Observatorio Social de la UCA (Universidad Católica Argentina).
Esta vuelta a los niveles de indigencia y pobreza de un año atrás, luego de los altos niveles que alcanzaron esos dos indicadores social tras la devaluación y suba de los precios en los primeros meses de la gestión de Javier Milei, sorprende o se destaca aún más. Y eso se debe a que coexiste con una pérdida de empleos e incremento de la desocupación, precarización e inestabilidad laboral y con caídas del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados de haberes mínimos, por el congelamiento del bono de hasta $ 70.000.
Un factor importante en este descenso de la indigencia y pobreza en relación a los picos anteriores es la desaceleración de la inflación que del 25% en diciembre 2023 bajó en los últimos meses en torno del 2%.
Pero hay otros factores que no son tan visibles o conocidos. El informe del INDEC destaca que se produjo un fuerte incremento de los “ingresos no laborales” (como ayudas sociales o haberes previsionales) entre los sectores de menores recursos y entre las provincias más pobres.
De acuerdo al INDEC, en el último año, los ingresos no laborales pasaron del 57,8% al 61,6% del ingreso total en las familias de menores ingresos. Y también crecieron los ingresos no laborales en las provincias más pobres como Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta y La Rioja.
Eso significa que en los sectores de menores recursos disminuyeron en proporción los ingresos provenientes del trabajo – registrado o no registrado- y aumentaron los no laborales.
Por ejemplo, los valores de la AUH (Asignación Universal por Hijo) y de las tarjetas alimentarias – que comprende a 2,5 millones de padres y 4,5 millones de chicos y chicas aumentaron muy por encima de las canastas básicas y de la inflación. Claramente un factor ajeno «al mercado» y una mayor intervención dirigida del Estado
Por ejemplo, la AUH pasó de $ 17.093 en septiembre de 2023 a $ 84.275 en septiembre 2024 con una suba de 393%. Así en los hogares con más chicos ese incremento extraordinario de la AUH y de la tarjeta alimentaria ayudó a disminuir la indigencia y también en parte la pobreza. Y este refuerzo extraordinario de ayudas sociales se financió con los recortes en la obra pública, transferencias a las Provincias, a las Universidades, salarios del sector público y otros gastos sociales, entre otros.
En tanto, si bien hubo un retroceso de los haberes mínimos por el congelamiento del bono de hasta $ 70.000, las moratorias permitieron que sectores vulnerables e informales pudieran acceder a la jubilación mínima.
Agustin Salvia, director del Observatorio de la UCA le dijo a Clarin que las pérdidas del empleo y de las horas trabajadas en sectores cuasi-informales fueron en parte compensadas con ingresos no laborales vinculadas a las transferencias sociales.
En la medición previa del INDEC, limitada a 31 aglomerados urbanos, la pobreza había medido el 38,3%. El incremento al 40,1% se explica por la incorporación en la medición de poblaciones que viven en ciudades urbanas más pequeñas.
Aun así, el 40,1% de pobreza supera los registros de los últimos años: en 2017 era del 27,2% subió al 34,7% en el tercer trimestre de 2019 para crecer al 40,7% en igual período de 2023.
Lo mismo pasó con la indigencia: en 2017 era de apenas el 5,6% subió al 7,3% en 2019 y saltó al 10,6% en 2023.