La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda judicial contra la privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) por “manifiesta inconstitucionalidad” de artículos que violan “flagrantemente” la negociación colectiva y la estabilidad del empleo público.
La demanda recayó por sorteo en el Juzgado N° 73 de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Nacional del Trabajo y fue presentada en respuesta a la decisión del Gobierno de convertir YCRT en una Sociedad Anónima, medida que se implementó a través del Decreto 115/25.
“Es manifiesta la inconstitucionalidad de aquellos artículos que refieren al Convenio Colectivo de Trabajo y hay una violación flagrante del derecho a la negociación colectiva y a la estabilidad del empleo público”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
El gremio demandó al Gobierno por considerar que el DNU resulta “violatorio del derecho a la negociación colectiva” y solicitó que “se declare la vigencia por ‘ultraactividad’ del convenio actual hasta tanto entre en vigencia uno nuevo suscripto por sus partes signatarias de manera libre y voluntaria”.
“El principio de progresividad de los convenios colectivos se encuentra amparado por la Constitución Nacional, por convenios de la Organización Internacional del Trabajo y también por la propia Convención Americana de Derechos Humanos”, explicó Aguiar.
Añadió que el Presidente de la Nación “no tiene facultades” para dar de baja el instrumento que regula las relaciones laborales dentro de la empresa, “ni siquiera a partir de las facultades extraordinarias delegadas por el Congreso”.
Además, recordó que “la empresa funcionó durante más de 30 años y que en la década del 90 el Gobierno de entonces también decidió privatizarla, y a lo largo de la historia funcionó bajo distintas figuras. Sin embargo, jamás se alteró la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo”.
El titular de ATE dijo que “el pronunciamiento de la Justicia debe darse con celeridad” ya que de mantenerse vigentes estos artículos “se generaría un estado de indefensión de todos los trabajadores y acarrearía graves perjuicios para todos”.
Puntualmente, ATE solicitó a la Justicia que declare “la inconstitucionalidad de los artículos 8 y 9 del DNU, y también la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo y de todas las actas posteriores que se firmaron.
