La Casa Blanca habilitó un nuevo mecanismo para presionar la salida voluntaria de migrantes: cancelar sus números de Seguro Social. La medida ya alcanzó a más de 6300 personas. En la mayoría de los casos, se trata de migrantes que ingresaron al país de forma legal durante el gobierno de Joe Biden.
Según documentos internos del gobierno estadounidense a los que accedió The New York Times, la administración de Donald Trump incorporó los nombres de miles de migrantes al archivo de defunciones de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), un registro creado originalmente para evitar pagos indebidos a personas fallecidas.
Al aparecer en esa base de datos, los afectados pierden acceso a servicios bancarios, tarjetas de crédito, beneficios federales y empleo formal.
La administración de Trump dio un paso clave en su política migratoria con nuevos acuerdos que permiten el cruce de datos entre agencias federales. En febrero de 2025, el Seguro Social firmó un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para compartir información de casi 100 mil personas.
Este convenio permite que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utilice datos de direcciones y empleos para identificar a migrantes que han perdido su estatus legal y enfrentar la deportación.
La medida busca eliminar los “incentivos económicos” que permiten a los inmigrantes ilegales permanecer en el país. Según el informe de The New York Times, Leland Dudek, titular de la SSA, señaló en un correo interno que estos migrantes perderán su “vida financiera”. Este cruce de datos afecta principalmente a aquellos considerados criminales o terroristas, pero la Casa Blanca indicó que la medida podría extenderse a otros inmigrantes sin autorización.
Paralelamente, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) firmó un acuerdo con el DHS que permite a ICE acceder a datos fiscales de contribuyentes indocumentados. Esto facilitará la localización de inmigrantes con órdenes de deportación que no hayan abandonado el país en el plazo legal de 90 días. El IRS había mantenido la confidencialidad de esta información durante años, pero ahora la colaboración con ICE será más directa.
Con estos acuerdos, la administración de Trump refuerza su estrategia de control migratorio, al utilizar datos de diferentes agencias para agilizar la deportación de inmigrantes indocumentados, particularmente aquellos que no cumplieron con las órdenes de salida.
La iniciativa se enmarca en una ofensiva mayor contra los programas migratorios implementados por Biden. Bajo su mandato, más de 1,4 millones de personas ingresaron legalmente mediante permisos humanitarios o controles digitales en la frontera. Muchos de ellos obtuvieron números de Seguro Social, empleo temporal y beneficios limitados.
El gobierno actual busca revertir esas políticas. El programa que permitía ingresar por vía aérea a ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití finalizará este mes. La Casa Blanca no informó qué ocurrirá con quienes ya están dentro del país. Solo aquellos que hayan conseguido otra forma de estatus legal tendrán posibilidades de quedarse.