Desde hace dos semanas una parte de la Justicia Federal transita un estado asambleario cada vez menos discreto. Se trata de los magistrados con competencia electoral que se reunieron en La Plata durante los primeros días de abril. Fueron invitados a participar de la “Jornada latinoamericana de justicia electoral y democracia”, cuyo anfitrión fue Alejo Ramos Padilla, titular del segundo juzgado federal de la capital bonaerense. Al igual que los demás convocados, cuenta con amplias atribuciones legales para el control de las elecciones en su distrito. El encuentro fue una válvula de escape para las preocupaciones que los letrados comenzaron a ventilar sobre la demora que le adjudican al Poder Ejecutivo para realizar las licitaciones que posibilitarán los comicios legislativos del 26 de octubre, donde se utilizará por primera vez la Boleta Única de Papel en todas las provincias.
El disparador de las quejas fue los cambios en las licitaciones previstas para organizar las elecciones. A principios de año, fue convocada una primera licitación, cercana a los 4 mil millones de pesos, para la compra de insumos y también de las urnas. Sin embargo, los procedimientos fueron activados antes de la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El Senado aportó la sanción que faltaba el 20 de febrero, diez días antes de la finalización del período de extraordinarias. El 7 de marzo Javier Milei promulgó la ley 27.783, que dispuso “la suspensión de las PASO y todas las obligaciones emanadas de la legislación vigente referidas a su organización y realización”.
Con el objetivo cumplido de sacar las Primarias del horizonte para este año, fueron suspendidas las licitaciones. Esa decisión disparó una saga de interrogantes, especialmente de los jueces que tienen la responsabilidad de organizar y controlar los comicios. Hasta ahora sólo han sido advertencias en voz baja, pero las fuentes judiciales que hablaron con PERFIL blanquearon su preocupación ante la demora de las nuevas licitaciones. “Fue un error que las suspendieran cuando sigue corriendo el tiempo y este año se utilizará por primera vez en la historia electoral argentina un nuevo instrumento electoral”, confió un observador del comicio que se sigue organizando en estricta reserva.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
“Con la Boleta Única de Papel se hace todo el procedimiento desde el principio, y eso va más allá de las licitaciones, porque tampoco se pueden capacitar a las autoridades de mesa y mucho menos a los ciudadanos. Es una serie de atrasos que, en comparación con los comicios anteriores, ya es llamativo”, explicó la fuente, que también asistió al evento organizado por Ramos Padilla.
En el Gobierno le bajaron el precio a las preocupaciones judiciales. “Faltan seis meses todavía”, apuntó un funcionario consultado y confió que en los próximos días darán a conocer el “Plan Logístico Electoral”, para disipar las dudas. Por parte del Ejecutivo, la clave pasa por la Dirección Nacional Electoral (DINE), a cargo de María Luz Alegría Landívar.
Una voz del Gobierno vinculada al diseño de las nuevas licitaciones dijo que están en marcha aunque todavía no han sido publicadas. Respecto a la suspensión, una alta fuente vinculada con el proceso electoral aclaró que al Ejecutivo no le quedaba otra que suspender las licitaciones de enero porque Argentina no tiene un régimen especial de contrataciones electorales. Todo está regido por el decreto 1030 que establece un reglamento general. Dice que hecha una oferta y adjudicada, la operación puede variar entre un 20% y un 35% con el consentimiento del proveedor. La suspensión de las PASO redujo los contratos a la mitad y por eso en el Gobierno aseguran que estaban obligados a barajar y dar de nuevo.
“No quiero decir que va a salir mal, pero hay una demora de varios meses en comparación con los procesos anteriores. Es una preocupación legítima teniendo en cuenta que vamos a estrenar un instrumento nuevo”, se quejó otra fuente judicial. En el Gobierno creen que esos lamentos tienen que ver con la queja de los magistrados que todavía no tienen un presupuesto asignado para todas las tareas que tienen que realizar.