Pese a que la Iglesia apenas ha avanzado en perseguir a los religiosos que cometieron abusos sexuales, sobre todo a menores de edad, Francisco pasará a la historia como el primer Papa en intentar romper el esquema de encubrimiento e impunidad -y también de poder interno- que ha regido por décadas en la institución.
A un año de haber sido elegido, Francisco creó la comisión para la protección de los menores, que incluía a laicos y religiosos, bajo la conducción del cardenal estadounidense Seán O’Malley, pero pronto se enfrentó a la resistencia de la curia. Los laicos terminarían renunciando por falta de cooperación -el Vaticano no mostró predisposición a abrir los archivos- y las investigaciones no tenían posibilidades de llegar a la justicia ordinaria.
El propio Jorge Bergoglio pidió perdón en reiteradas ocasiones, atento a la repercusión de los casos de pederastia sobre la imagen de la Iglesia. El silencio del Vaticano impactaba de lleno en los fieles.
De hecho, durante su visita a Chile en 2018, Francisco se encontró con un público reducido y una recepción fría. El cura Fernando Karadima había sido acusado de abusar de menores durante más de 25 años, y el obispo Juan Barros, de encubrirlo.
El último gesto de Francisco a sus fieles, la aparición en la misa de Pascuas
El problema no son solo las promesas, las condenas y los pedidos de disculpas. Muchos de los responsables de estos delitos nunca fueron juzgados penalmente, en parte, por la protección de sus superiores. Una rara excepción, pero muy sonada en el círculo eclesiástico, fue la condena al cardenal australiano George Pell por abuso sexual infantil. Pell había sido designado por Francisco para ordenar las cuentas del Vaticano.
Pell pasó de encubridor a perpetrador, según la justicia de su país, y el Papa perdió a uno de los hombres en que más confiaba dentro de la red de poder y fidelidad que comenzó a edificar desde su llegada a Roma. Lo cierto es que su caso animó a los jueces en otras partes del mundo. Solo en abril del año pasado, el sacerdote costarricense Manuel Guevara fue condenado a 18 años por abusar de un niño de 12 años en 2007, luego de que la Fiscalía de Costa Rica allanara la sede de la Conferencia Episcopal.
Una rara excepción, pero muy sonada en el círculo eclesiástico, fue la condena al cardenal australiano George Pell por abuso sexual infantil. Pell había sido designado por Francisco para ordenar las cuentas del Vaticano
Mientras el escándalo estallaba por todas partes, Francisco se reunía con víctimas y prometía apartar a los obispos cómplices, pero como bien explicó Julián Maradeo en su libro La trama: Detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica, el Vaticano solo se enfoca en los casos que salieron a la luz, porque el ala más reaccionaria de la institución no ve abuso infantil como un flagelo por el cual tenga que rendir cuentas -y que puede costarle fieles a la iglesia-, sino como una cuestión de pérdida de influencia interna.
En febrero de 2019, el Papa convocó a una cumbre para discutir los casos de pedofilia, luego de que el obispo de Pittsburgh (EEUU), David Zubik, se comprometiera a revelar los nombres de los más de 300 sacerdotes y exsacerdotes involucrados en una red de abusos que se mantuvo en silencio por más de siete décadas y que estaba siendo investigada entonces por jurado. El encuentro organizado por Francisco quedó solo en buenas intenciones.
Ante este fracaso, el máximo líder de la iglesia católica dio un paso trascendental al levantar el secreto sobre los juicios canónicos, que en la práctica suponía una mayor colaboración con la justicia civil. También alentó la investigación interna a los religiosos sospechados de encubrir delitos vinculados con el abuso a menores, en la que Roma tendría la última palabra, y aumento las sanciones, incluidas en el Código de Derecho Canónico.
Francisco publicó en 2020 el Informe McCarrick, en base a la carrera sin sobresaltos del excardenal, pese a haber cometido una serie de abusos, pero los problemas seguían en la comisión liderada por O’Malley. El padre Hans Zollner, jesuita como el Papa, pegó el portazo por manejos «poco transparentes», la falta de iniciativa y recursos escasos.
Con todo, la comisión dio a conocer su primer informe en octubre pasado. El texto de 100 páginas analiza la situación en la curia de solo 17 países, donde el panorama es desolador: cooperación mínima de las diócesis, pocos recursos y expertos para tratar la cuestión, mecanismos prácticamente inexistentes para supervisar a las autoridades eclesiásticas y apoyar a las víctimas y el incumplimiento de los protocolos.